La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), a través del responsable del sector de ambulancias, Enrique Espi, alertó este jueves sobre la grave crisis que enfrenta el sector del transporte sanitario tras la renovación de los contratos públicos por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Esto "incluye casos como el de la empresa ISCAN en Gran Canaria, que ha llegado al extremo de vulnerar reiteradas veces derechos fundamentales de libertad sindical", un hecho que el sindicato ha llevado ante los tribunales”, señala Espi.

El CED de San Fernando es un recurso del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que actualmente se encuentra integrado en la red de servicios de dependencia que gestiona el Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria. Este centro de día es uno de los recursos pioneros en la isla de Gran Canaria desde el año 2000 e ISCAN desarrolla la gestión integral del servicio en coordinación con el Área del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Según CC.OO la administración incumple la Ley de Contratos del Sector Público al no controlar las irregularidades, incumplimientos e ilegalidades cometidas por las empresas adjudicatarias de servicios de ambulancias.  Desde FSC-CCOO se denuncia que esta permisividad otorga a las empresas una sensación de impunidad. "Las empresas operan como si estuvieran protegidas por la administración, sin consecuencias negativas para ellas, pero con un impacto devastador para los trabajadores y usuarios. Esto incluye casos como el de la empresa ISCAN en Gran Canaria, que ha llegado al extremo de vulnerar reiteradas veces derechos fundamentales de libertad sindical", un hecho que el sindicato ha llevado ante los tribunales", dijo Espi.

El sindicato también cuestiona la externalización de un servicio esencial que se gestiona con dinero público. “La gestión directa es la única solución viable para garantizar la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos laborales y sindicales. Sin embargo, el acuerdo para fiscalizar a las empresas y estudio para la internalización del servicio sigue paralizado por intereses que desconocemos. Nos preguntamos por qué la Administración no actúa y prioriza este sistema, claramente perjudicial para los trabajadores y los usuarios”, concluyó Espi. FSC-CCOO exige a la Consejería de Sanidad una respuesta inmediata que garantice la calidad del servicio, el cumplimiento de lo firmado en los contratos públicos con las empresas adjudicatarias y la protección de los derechos laborales, así como un avance real hacia la gestión pública directa del transporte sanitario en Canarias.