La política de vivienda en España ha entrado en una nueva fase. El Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, ha anunciado medidas para soportar las condiciones de acceso al mercado inmobiliario, especialmente dirigiendo el freno a ciudadanos de la UE. También se suspenden las visas de residencia por la compra de casas. El tiempo dirá si estas políticas logran el equilibrio buscado entre la protección de los residentes locales y el mantenimiento del atractivo de Gran Canaria como destino de inversión y turismo. Las viviendas turísticas serán consideradas un negocio y tributarán como actividad económica. Esto incluye la aplicación de IGIC en zonas con saturación turística y dificultades de acceso a la vivienda. Este enfoque, aunque controvertido, busca equilibrar el mercado y proteger a los residentes locales en áreas como Maspalomas, Mogán o Puerto Rico.
Noruegos, británicos, marroquíes y mauritanos: el nuevo panorama. Uno de los cambios más significativos será el aumento de la carga fiscal para los compradores extranjeros fuera de la UE que no tengan residencia en España. El objetivo es claro: desincentivar la compra de propiedades, especialmente en áreas con alta presión turística como el sur de Gran Canaria.
Estas restricciones no solo buscan proteger a los residentes locales, sino también frenar el fenómeno de las viviendas destinadas exclusivamente al alquiler vacacional, que reduce la oferta para el alquiler residencial. El plan del Gobierno no se limita a frenar las compras extranjeras, sino que también propone incentivos para los propietarios locales. Entre las medidas destacadas, se encuentra la exención total del IRPF para aquellos caseros que bajen sus precios.
Otra pieza clave del plan es la creación de un programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías. Sin embargo, estas medidas también han generado preocupación en el sector inmobiliario y turístico, que teme un descenso de ventas. En un momento en que la vivienda se ha convertido en un problema crítico tanto a nivel nacional como europeo, las nuevas políticas del Gobierno buscan equilibrar el mercado y garantizar el acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan. No obstante, estas medidas también plantean preguntas sobre su impacto en la inversión extranjera y el sector.
