Primera sesión en Las Palmas por el juicio por la disputa en el Grupo Anfi: ha dado un giro inesperado con la presentación a última hora de un contrato que podría cambiar el curso de las acusaciones. Andrés Fermoso, de Lopesan, que está en la operación de asalto a Anfi del Mar, debía declarar pero no fue a la vista. Ante el juez han estado este miércoles: Manuel Fernández González, Arturo Ramírez González y Manuel Santana Cazorla.

Manuel Santana Cazorla se encuentra en el banquillo de los acusados por presuntas irregularidades en la gestión de Anfi. La Fiscalía acusa a uno de los hermanos Santana de haberse beneficiado a costa de la empresa, mientras que la defensa sostiene que todas las operaciones realizadas fueron legales. En el centro de la polémica se encuentra una indemnización millonaria otorgada a un exconsejero, cuya justificación ha sido uno de los puntos clave del juicio. La figura de Manuel Fernández González (ex número dos del PP de Canarias), exconsejero y asesor de Anfi, ha sido especialmente relevante, ya que ha sido acusado de recibir un pago excesivo a cambio de favorecer los intereses de Lopesan.

Uno de los hermanos Santana Cazorla, Manuel, junto a otros altos cargos de Anfi, se enfrentan a acusaciones de administración desleal por parte de la Fiscalía, que les imputa un perjuicio económico a la empresa de más de 780.000 euros. Sin embargo, durante la vista oral, las defensas presentaron un contrato que, según aseguran, justifica una de las principales acusaciones: una indemnización millonaria a un exconsejero.

Este contrato, que no había sido presentado previamente, ha generado una gran polémica. La Fiscalía lo ha tildado de "falso" y ha advertido que podría presentar una denuncia por falsedad documental. Por su parte, los testigos han ofrecido testimonios contradictorios sobre la existencia y validez de este documento.

El caso ha puesto de manifiesto la compleja lucha por el control de Anfi tras la entrada de Lopesan en el accionariado. Santiago Santana Cazorla, hermano de los acusados y accionista minoritario, ha ejercido la acción popular contra sus hermanos y los otros acusados. La Audiencia de Las Palmas deberá resolver ahora si el contrato presentado por las defensas es válido y si las acusaciones de administración desleal están justificadas. El juicio, que se ha visto marcado por la presentación de nuevas pruebas a última hora, continuará en los próximos días.