Desde 2016 llevan las familias con acusados atrapadas en esta espiral. El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión de dos hombres acusados de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores, inducción a la prostitución y delitos contra la salud pública. Uno de los imputados es el cabecilla del caso '18 Lovas', relacionado con delitos similares. Pero en 2024 hubo novedades: aparecieron nuevas cuatro víctimas.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en auto de fecha del pasado mes de abril ha estimado el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, y ha ordenado al Juzgado de Instrucción la práctica de nuevas diligencias para investigar la presunta comisión de delitos de agresión sexual y explotación sexual y corrupción de menores en perjuicio de cuatro nuevas víctimas, además de ampliar la investigación respecto de hechos ya conocidos y atribuidos a algunos de los procesados.

El auto sí precisa que la Fiscalía considera que existen indicios de que cuatro de los procesados indujeron a niñas de 15 a 17 años a prostituirse entre los años 2013 y 2016 e, incluso, de que algunos de ellos las violaron. "Llama la atención la envergadura de los posibles presupuestos fácticos que se consideran omitidos, tanto en su alusión a la inclusión de víctimas como en lo referente al complemento aludido respecto a otras ya reseñadas en el procesamiento", señala el auto, que agrega: "no le queda otra salida a la Sala que devolver el sumario al juzgado de Instrucción y dejar sin efecto la conclusión en su día acordada" porque "no se debe obviar que el auto de procesamiento no puede contentarse con dibujar el quién de la inculpación. Ha de precisar también el qué y, por supuesto, el porqué", firma el magistrado de la decisión, Pedro Herrera. 

La causa investiga una presunta organización criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad, en la que habría participado Agustín Alemán Barreto, alias Yino (el supuesto cabecilla y que ahora desde enero de 2025 está en prisión preventiva por un presunto delito similar. Los hechos investigados se habrían cometido en un contexto de vulnerabilidad de las víctimas, algunas de las cuales eran menores tuteladas.

La Audiencia Provincial considera que existen indicios suficientes para estimar que los hechos resultan necesarios para la práctica de nuevas diligencias para determinar la responsabilidad penal de los investigados. En particular, la Audiencia ha señalado que el auto de procesamiento recurrido adolece de una insuficiente motivación en relación con determinados hechos y circunstancias, y que la ampliación de la investigación resulta imprescindible para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva.