Cuando en agosto de 2023 se hizo público el retrato de la ficha policial de Donald Trump tras ser acusado (entre otras cosas) de cargos relacionados con intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, ni el más ávido experto político podría haber acertado que se convertiría en el 47º presidente de los Estados Unidos en un segundo mandato.
Sin embargo, en la política sí que existen las resurrecciones, y Trump pasó de ser un cadáver político y un paria en el partido republicano a volver esta semana al despacho oval; una vuelta en la que ya ha mandado sus primeros dardos envenenados, de los cuales uno ha caído en España.
“(España) son de los BRICS. (...) Y, si los BRICS quieren hacer eso, está bien, pero vamos a imponer al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan”, afirmó Trump mientras hablaba sobre el aumento de la aportación de los países miembros de la OTAN, que ya exige un 2% del PIB para la alianza y que a largo plazo busca incluso pasar del 2% al 5%.
Más que una muestra de ignorancia por parte del recién estrenado presidente, muchos vieron en sus palabras una declaración de intenciones con aquellos países que no cumplan los criterios de la nueva administración estadounidense, lo que provocó el primer terremoto diplomático del año en España y que a nivel social ha despertado el ‘rún-rún’ social sobre las alianzas que debe tener España a nivel internacional en materia económica y militar.
Un terremoto diplomático e incluso social que en Canarias ya provocó la entrada de España en la OTAN hace casi 40 años. La posición geográfica de Canarias, en la encrucijada entre Europa, África y América, ha convertido al archipiélago en un enclave de interés estratégico para diversas potencias militares, especialmente en el contexto de la OTAN. Sin embargo, esta relevancia geoestratégica ha coexistido con una marcada oposición popular en las islas hacia la presencia y actividades de la Alianza Atlántica.
El 12 de marzo de 1986, España celebró un referéndum para decidir sobre su permanencia en la OTAN. Mientras que a nivel nacional el resultado fue favorable a la continuidad, en Canarias la respuesta fue contundente en contra: el 59% de los votantes canarios rechazaron la permanencia en la Alianza. Este resultado reflejó el temor de la población a que las islas se convirtieran en una base de operaciones militares, dada su proximidad a África y su importancia estratégica en el Atlántico.
A pesar del rechazo expresado en 1986, Canarias ha experimentado una creciente militarización en las últimas décadas. Según un informe del Centro Delas de Estudios por la Paz, el archipiélago cuenta con más de 744.700 hectáreas dedicadas a maniobras militares y más de 50 kilómetros cuadrados declarados como "zonas de interés de Defensa". Esta presencia militar se traduce en un militar por cada 145 habitantes, una proporción notablemente alta en comparación con otros servicios públicos esenciales.
En junio de 2022, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, se discutió la posibilidad de fortalecer el flanco sur de la Alianza, lo que implicaría un papel más activo de Canarias en las estrategias de defensa. El expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló que una mayor implicación en la OTAN no implicaría necesariamente la instalación de nuevas bases militares, sino un incremento en la seguridad del archipiélago.
Sin embargo, sectores de la sociedad canaria han manifestado su preocupación por el incremento de la presencia militar y su impacto en la soberanía y el medio ambiente de las islas. Organizaciones y movimientos sociales han abogado durante décadas por un estatuto de neutralidad para Canarias, argumentando que su ubicación geográfica única debería ser un puente de paz y no un punto de conflicto militar.