La gente del sur de Gran Canaria sigue sin tener derecho a trabajar como estibador en el puerto de Las Palmas, donde patronal y central sindical se reparten puestos de empleo como si fuera un esquema hereditario y con una mínima cualificación: con horas extras el salario puede estar en 8.800 euros neto al mes. Lo último que se ha sabido es que la empresa de terminal Opcsa (que comparte dueño con la Mediterranean Shipping Company) habría colocado en la entidad empresarial estatal del puerto de Las Palmas, Sagep, al menos a seis empleados que no querría tener en su plantilla.
Para convertirse en estibador, no se necesita una gran formación: hay cursos online por 70 euros en Las Palmas que permiten acceder a los requisitos legales, y en la Península hay opciones similares, aunque un poco más caras. Puertos del Estado no interviene en este proceso porque auditar el proceso puede implicar tensiones laborales. Los estibadores, todos sindicados, solo permiten el acceso a estas ofertas de empleo a trabajadores que vengan recomendados por familiares: coto cerrado.
El sindicato de derecha nacionalista que controla las normas del mercado laboral, la Coordinadora de Trabajadores Portuarios, disfrazado de central nacionalista de estibadores, junto a Francisco Javier Climent, directivo de Boluda, y Bernardino Santana, un comercial de Astican, siguen en su plan de no colocar a nadie del sur de Gran Canaria ocupando puesto de empleo de estibador y eso que el puerto de Las Palmas vive de los 600.000 contenedores que llegan a la isla para atender la demanda de los turistas de Maspalomas y Mogán.
Hasta abril de 2025 hay plazo para que los trabajadores del sur de Gran Canaria e incluso los de Arinaga puedan optar a ser estibadores. La Autoridad Portuaria de Las Palmas delega este asunto laboral en manos de empresas, y el sindicato de estibadores de derecha se asegura de que ni UGT ni CC.OO tengan acceso a ningún tipo de control, ya que siempre amenazan con paralizar el puerto si alguien intenta revisar el mapa de contrataciones.
