El panorama empresarial en Gran Canaria ha sido sacudido con las últimas revelaciones por una disputa familiar que ha escalado hasta los tribunales. La Audiencia de Las Palmas ha dejado visto para sentencia el juicio que enfrenta a los hermanos Santana Cazorla y los hijos de Santiago contra su tío Manuel, tras la entrada de Lopesan en el Grupo Anfi del Mar. ¿Qué ha dicho en sede judicial Santiago de Manuel: "Me traicionó y engañó a mis hijos para meter a mi competidor en la empresa. Por eso estoy fastidiado con él". ¿Y el sobrino de Manuel e hijo de Santiago,, Alberto Santana Trujillo?. "Primero le quitaron los poderes a Santiago y luego desistió Manuel, que regaló la gestión a Lopesan". Llegados a este punto, ¿qué respondió Manuel Santana Cazorla? "Decir que Eustasio López, presidente de Lopesan, me pagó a mí para repartirnos el dinero es una falsedad de los querellantes".
La controversia surgió luego de que Manuel Santana Cazorla, Arturo Ramírez González y Manuel Fernández González, exnúmero dos del PP de Canarias, fueran acusados de administración desleal al despedir y luego recontratar a Ramírez, generando un perjuicio económico significativo para la empresa. En Las Palmas lo de Manuel Fernández González ha sido silenciado.
Después de dos días de juicio y la presentación de más de diez testigos y dos peritos, la Fiscalía de Las Palmas y la acusación popular, representada por el letrado Francisco Calderón en nombre de los herederos de Santiago Santana Cazorla, mantuvieron sus conclusiones provisionales. Atribuyen a los acusados un delito de administración desleal y reclaman tres años de prisión para cada uno, una multa de 15.500 euros y la devolución de la indemnización pagada a Ramírez. Según la acusación, la indemnización de 780.940 euros fue un pago encubierto por la renuncia a los poderes especiales del Grupo Santana Cazorla.
Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de los acusados, argumentando que el despido y posterior recontratación de Ramírez era una cuestión administrativa dentro de la discrecionalidad empresarial, sobre todo tras la llegada de IFA, que pertenece a Lopesan y compró las acciones de la familia Lyng en Anfi. Para las defensas, esta querella no es más que una "disputa familiar", motivada por el descontento de los hijos de Santiago Santana al quedar en minoría y perder la votación en el consejo de administración.
Durante la vista oral, Santiago Santana culpó a su hermano Manuel de traicionar y engañar a sus hijos para permitir la entrada de Lopesan en la empresa, lo que agravó la lucha de poder dentro del grupo. Los herederos de Santiago insistieron en que la indemnización de casi 800.000 euros era un pago enmascarado, y tanto Santiago como su familia se ratificaron en la querella. Por otro lado, Arturo Ramírez defendió la autenticidad de su contrato y negó cualquier acuerdo con el Grupo Lopesan, afirmando que las acusaciones eran falsa
