Los turoperadores europeos con intereses en el sur de Gran Canaria ha comenzado a preguntar a los hoteleros si hay impacto previsto en la factura a partir de enero de 2026 por el sobreprecio del transporte de alimentos e insumos para la renovación hotelera por la tasa de emisiones contaminantes que se aplicará a los buques y que se repercutirá en usuarios.

Fuentes del sector han dado de plazo hasta el 25 febrero para que se aporte una respuesta de cara a no tener impacto en sus compras mayoristas de camas. "No vamos a tolerar lo de 2008 cuando nos subieron en IGIC un 30 de junio sin estar previsto en la Ley de Presupuestos de ese año", dijo un directivo de un operador alemán en Maspalomas.

El impacto del sobrecoste de las mercancías en el sur de Gran Canaria debido a la inclusión del transporte marítimo en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) será significativo, aunque con ciertas excepciones. Si bien la Directiva prevé exoneraciones para trayectos entre Canarias y la península o entre islas del archipiélago, el encarecimiento general del transporte marítimo afectará indirectamente a la economía local. 

Las importaciones desde terceros países, como China o América, estarán sujetas al pago del 50% de las emisiones en el trayecto hacia Europa, lo que elevará los costos logísticos y, en consecuencia, el precio final de los productos. Esto podría impactar en la competitividad del turismo grancanario. Especialmente en aumento de costes de renovación de hoteles y apartamentos.

El sector turístico, fundamental para el sur de Gran Canaria, también sufrirá efectos colaterales. La mayor parte de los bienes de consumo y suministros destinados a hoteles y restaurantes provienen del exterior, y cualquier aumento en los costes de importación repercutirá en los precios de los servicios turísticos. Esto podría reducir la rentabilidad de las empresas del sector o trasladar el sobrecoste a los consumidores, encareciendo la experiencia vacacional y afectando la demanda. Además, las mercancías traídas por vía marítima para el mantenimiento de infraestructuras hoteleras, como materiales de construcción o equipamiento, también se encarecerán.

Las pequeñas y medianas empresas locales serán especialmente vulnerables a este incremento de costos, ya que dependen en gran medida de la importación de productos y materias primas. La imposibilidad de absorber estos sobrecostes podría provocar un encarecimiento de los productos vendidos en la zona, afectando tanto a los residentes como a los turistas. En un mercado altamente dependiente de la conectividad marítima, cualquier incremento en los costos de transporte se traduce en una pérdida de competitividad frente a otros destinos donde los precios no se ven afectados por esta regulación.

No obstante, la excepción prevista en la Directiva para las regiones ultraperiféricas como Canarias podría mitigar parcialmente el impacto en determinados trayectos. Sin embargo, esta medida no protege del todo a la isla de las consecuencias indirectas, ya que el comercio global se verá afectado. La incertidumbre radica en cómo reaccionarán las grandes navieras y empresas de transporte: si trasladarán los sobrecostes íntegramente a los consumidores o si buscarán estrategias para minimizar el impacto.