Derivado de una presunta filtración en la órbita de Santana Cazorla, se ha conocido este lunes 17 de febrero de 2025 que el juez ha decidido poner a subasta el 50 % de las acciones de Anfi Sales y Anfi Resorts, tras recibir una oferta de ocho millones de euros por parte de Lopesan. ¿Para qué dar la noticia en un medio de Madrid como El Confidencial? Para alarmar a los titulares de deuda de Anfi del Mar y generen una cascada de recursos que paralice nuevamente el proceso. Una estrategia arriesgada que puede llevar a complicaciones adicionales
Santana Cazorla continúa con su huida hacia adelante en medio de la cruzada que mantiene el grupo empresarial de Tirajana contra Lopesan. Recientemente, se ha revelado que una empresa de comunicación en España ha estado detrás de la difusión de información en Madrid, utilizando tácticas de "tinta de calamar" para desviar la atención y sembrar confusión. Lo que se estaría buscando es que un elefante blanco que ayude a los Santana Cazorla a quemar las expectativas de Lopesan en Anfi de Mar al tener el 50% del complejo de Mogán.
Esta estrategia de comunicación busca influir en la percepción pública y en los medios de comunicación, en un intento por ganar tiempo y desviar la atención de los problemas internos y legales que enfrenta el grupo Santana Cazorla. La situación se ha vuelto cada vez más tensa, con acusaciones y contraacusaciones entre los dos grupos empresariales, mientras la justicia sigue su curso en los diversos procesos legales en los que están inmersos
La filtración señala que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado esta subasta, que involucra las acciones del Grupo Santiago Cazorla en las mencionadas sociedades, después de que una de las filiales de Lopesan presentara su propuesta económica. En un auto divulgado, el juez establece que el precio inicial de la subasta será de ocho millones de euros, que es la oferta realizada por Lopesan. Además, se indica que cualquier puja deberá superar este monto en al menos un millón de euros.
El magistrado Carlos Vielba tomó esta decisión a solicitud de la administración concursal del Grupo Santiago Cazorla, al constatar que la empresa no tiene liquidez suficiente para cubrir los gastos del proceso judicial debido a su situación de insolvencia. Algunos interesados en el concurso de acreedores han manifestado su desacuerdo con el precio de salida, argumentando que el valor de los activos es considerablemente mayor. En respuesta, el juez aclaró que no se está autorizando la venta de las acciones por esa cantidad, sino que se están sacando a subasta con ese precio como mínimo. "Ocho millones de euros es el precio mínimo garantizado", subrayó el juez Carlos Vielba en su resolución, enfatizando que si las participaciones realmente tienen el valor mencionado por algunos opositores, es probable que haya interesados dispuestos a pujar y ofrecer una cantidad superior.
