Una resolución judicial de este 2025 ha puesto fin a la gestión de Puerto Rico SA al frente del muelle deportivo en el sur de Gran Canaria. La empresa, que es de gente de Las Palmas, propiedad de la familia Roca, ha perdido el litigio contra el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, quienes rechazaron la prórroga de la concesión otorgada en 1972 durante el Franquismo. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Las Palmas, presidido por la magistrada María García Coello, ha dictaminado en contra de la solicitud de Puerto Rico SA para extender la concesión por 25 años más. La sentencia establece que no es posible admitir la prórroga de concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 27/1992.
La empresa intentó ampliar su control sobre el muelle deportivo ejerciendo acciones judiciales contra Puertos Canarios y el Ayuntamiento de Mogán. El conflicto se originó debido al silencio administrativo ante las solicitudes de extensión presentadas en 2015 y 2021. El fallo judicial aclara que los operadores privados no pueden mantener concesiones por más de 35 años desde la entrada en vigor de la Ley 27/1992.
La sentencia también destaca que la normativa vigente a nivel estatal y autonómico no permite la prórroga de concesiones a puertos deportivos anteriores a 1992. Los letrados de Puerto Rico SA argumentaron que la disposición tercera de la Ley 6/14 podría permitir la prórroga, pero el fallo subraya que en 2024 se introdujo una disposición final en la Ley de Puertos del Estado que limita los plazos de prórrogas en puertos deportivos. El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán han expresado su satisfacción con el resultado de la resolución judicial.
