Tras tres años de espera, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas ha emitido una sentencia, con fecha del 23 de diciembre de 2024, que declara nulo el precinto municipal de los chiringuitos del Carnaval de Maspalomas 2022. Esta anulación se fundamenta, entre otros aspectos, en la falta de trámite de audiencia al afectado, tal como fue informado en una rueda de prensa por Aníbal Pinochet, promotor de la iniciativa. La firmeza de la resolución se debe a que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no interpuso recurso contra el fallo.
Pinochet, a través de la entidad Poppy Garden, ha anunciado su intención de presentar una reclamación por daños económicos contra el Ayuntamiento, valorada en 250.000 euros. Según el promotor, el precinto de 15 chiringuitos, 5 puestos de comida, un escenario y una pantalla gigante, ubicados en un aparcamiento privado del centro comercial Yumbo, en Playa del Inglés, supuso una inversión de 100.000 euros. "La situación me ha dejado sin ahorros y con deudas que aún no he podido saldar; incluso tuve que vender mi coche para cubrir el alquiler de mi vivienda", declaró Pinochet.
El promotor ha señalado diversas irregularidades en el procedimiento administrativo. En primer lugar, afirmó que su empresa presentó toda la documentación requerida en tiempo y forma en mayo de ese año. Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, se acogió a una disposición de la Ley de Espectáculos Públicos que establece el silencio administrativo positivo si la administración no responde en un plazo de 15 días a una solicitud de permiso.
Pinochet sostiene que existió una intencionalidad manifiesta de causarle un daño, atribuyendo esta acción a la entonces alcaldesa, Conchi Narváez, y al edil de Urbanismo, Samuel Henríquez. A pesar de haber mantenido buenas relaciones con el ejecutivo, que se encontraba en funciones ocho meses antes del incidente, Pinochet está decidido a recurrir a todas las vías legales necesarias para exigir responsabilidad personal por los daños sufridos. "Es injusto que los vecinos de San Bartolomé de Tirajana tengan que asumir las consecuencias de esta situación", expresó.
El empresario también destacó la celeridad con la que se tramitó el precinto, calificándolo de "precinto exprés". Según el orden cronológico presentado, el procedimiento se inició con un oficio del concejal a la Policía Local a las 10:30 horas, seguido de una nota de prensa municipal a las 12:00 horas comunicando el precinto, la emisión de un informe jurídico justificando la medida a las 12:30 horas y la ejecución del precinto a las 14:30 horas.
Pinochet subrayó que el Ayuntamiento actuó basándose en una denuncia que, supuestamente, no conocía al abrir el procedimiento. "La denuncia fue presentada por un particular en una oficina de correos de Santa Lucía de Tirajana el 6 de junio y no fue registrada en San Bartolomé de Tirajana hasta el 10 de junio, un día después de que se llevara a cabo el precinto", señaló. Además, el promotor indicó que el Ayuntamiento argumentó ante el juzgado que la documentación no llegó a Urbanismo, sino a Alcaldía, lo que llevó a Pinochet a afirmar que "la Alcaldía retuvo la documentación mientras Urbanismo tramitaba un precinto exprés". Finalmente, Pinochet recordó que, tras enterarse del precinto a través de los medios de comunicación, recurrió al juzgado para solicitar medidas cautelares, las cuales le fueron concedidas, permitiéndole abrir durante el primer fin de semana de los carnavales. Sin embargo, el impacto negativo de la noticia sobre el precinto afectó de manera significativa la asistencia al evento.
