Este texto es para los extranjeros porque los canarios siguen con su realismo mágico. Los herederos españoles, mayormente de Las Palmas y votantes de Coalición Canaria, que accedieron a patrimonio inmobiliario en el sur de Gran Canaria gracias a los salvoconductos de la época de Franco (está semana una líder admitió ante el locutor Evaristo Quintana en Prisa Radio que era propietaria "desde el franquismo") ya pueden volver confiar en la democracia.
El PP, creyendo que ese caladero electoral está disponible, anunció este miércoles una tregua administrativa. Es decir: una zona gris de amortiguación legal con el permiso de Coalición Canaria que, desde 2015, lleva cocinando esta norma a pesar del desgaste que le ha generado ante la patronal hotelera de Las Palmas. ¿Qué hay ahora? Un Dombass donde hasta 5 administraciones tienen competencias en materia de suelo.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, que no es del PP sino del socio local AV, dijo este miércoles que ha hablado con la consejera regional de Turismo, Jessica de León (que vendría a ser de una especie de partido conservador bajo en calorías en el Reino Unido o la CSU (no CDU en Alemania), para bloquear las multas a los propietarios de Las Palmas que usan suelo turístico para vivir.
Pérez hizo hincapié ante la consejera (PP) en la necesidad de detener esos expedientes y que dicha suspensión "dure el tiempo suficiente para que todas las modificaciones legislativas en curso sean aprobadas, permitiéndonos así tener una visión integral del sector en Canarias".
Fuentes autonómicas señalaron a Maspalomas24H que Coalición Canaria (CC) y PP crearán una zona de amortiguación legal "y no hay nada nuevo, ya eso se dijo en octubre pasado". Tranquilos
El aumento de presión sobre el PP de su masa social ha generado una movilización para frenar ataques y escraches digitales.
Estas restricciones han generado descontento entre los propietarios, ya que limitan su capacidad para alquilar o residir en sus propiedades en áreas que son clave para el turismo.
El PP busca mediar en esta situación, tratando de encontrar un equilibrio entre la regulación turística y los derechos de los propietarios. La situación refleja un conflicto entre las políticas de desarrollo turístico y las necesidades de los residentes y propietarios de viviendas en estas zonas. La respuesta del PP podría incluir propuestas para modificar las regulaciones actuales o buscar soluciones que beneficien a ambas partes.
Este tipo de tensiones es común en áreas con alta actividad turística, donde las políticas pueden afectar significativamente la vida de los residentes locales y los propietarios de inmuebles.
En un comunicado divulgado este miércoles, Marco Aurelio Pérez expresa que "existen diversas modificaciones legislativas relacionadas con la actividad turística (en referencia al proyecto de ley que regula la vivienda vacacional que se está tramitando en el Parlamento) que avanzan a distintos ritmos. Por otro lado, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, sobre la renovación y modernización turística de Canarias sigue en vigor, lo que ha llevado a la tramitación de varios expedientes sancionadores, generando un ambiente de incertidumbre".
Pérez mencionó que su propuesta ha sido recibida "de manera positiva" por Jéssica de León, quien le ha manifestado su compromiso para explorar alternativas. Más traducido: las embajadas en Madrid están haciendo su trabajo sobre el Gobierno de Canarias.
