El Parlamento de Canarias avanza en la aprobación de la nueva normativa destinada a regular el alquiler vacacional en el archipiélago. En la última sesión plenaria, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox fueron rechazadas por la mayoría que respalda al gobierno regional. Más de 18 meses después de que el presidente Fernando Clavijo (CC) anunciara esta propuesta, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas está cada vez más cerca de entrar en vigor.
La normativa introduce una moratoria que prohibirá registrar nuevas viviendas como turísticas, salvo que estén contempladas en los planes urbanísticos municipales. Estos tendrán cinco años para adaptar sus normativas a los lineamientos generales de la ley. Además, la regulación excluye las viviendas de protección oficial de este tipo de alquileres y prohíbe que edificios completos en áreas residenciales sean destinados exclusivamente al alquiler vacacional. Las nuevas edificaciones tampoco podrán ser utilizadas con este fin hasta que hayan cumplido al menos diez años de uso convencional.
Entre los cambios destacados tras más de 3.000 alegaciones al borrador, se encuentra la reducción del espacio mínimo para una vivienda vacacional, que pasa de 39 a 25 metros cuadrados. No obstante, estas propiedades deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: disponer de garaje, tener acceso a piscina o generar empleo. Otras exigencias iniciales, como incluir puntos de recarga eléctrica o acceso por vías asfaltadas, han sido eliminadas. Asimismo, los planes urbanísticos deberán reservar un 90% de su edificabilidad para uso residencial, con una flexibilidad del 80% en las islas verdes.
El Instituto Canario de Estadística calcula que el archipiélago cuenta ya con más de 50.000 viviendas vacacionales, concentradas principalmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con un crecimiento anual del 8%. Algunos expertos sugieren que la inminente entrada en vigor de la ley podría haber acelerado este aumento, conocido como “efecto llamada”, aunque desde el Gobierno aseguran que se implementarán medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Durante su redacción, la propuesta ha enfrentado presiones de diversos sectores, incluyendo intentos de suprimir la prohibición de edificios enteros destinados al alquiler turístico y solicitudes de amnistías para viviendas ya registradas. El director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que estas propiedades deberán cumplir criterios estrictos de seguridad y accesibilidad. También rechazó las críticas que acusan a la ley de invadir competencias municipales, aunque reconoció las preocupaciones de la FECAM sobre la falta de recursos para inspeccionar viviendas.
Con esta ley, el Gobierno de Canarias pretende equilibrar el desarrollo turístico y la planificación urbanística, asegurando que las viviendas vacacionales operen dentro de un marco legal claro. Rodríguez también advirtió que quienes registren su propiedad como turística pero no la alquilen en un plazo de un año perderán automáticamente su declaración responsable. El debate continúa mientras la normativa se encamina hacia su fase final de aprobación, marcando un cambio significativo en la regulación del sector turístico del archipiélago.
