La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) parece haber malinterpretado las particularidades del mercado del alquiler vacacional en el sur de Gran Canaria, asumiendo dinámicas más propias de grandes urbes como Barcelona o Madrid. Su reciente informe sobre la futura Ley Canaria de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas pasa por alto un detalle crucial: el suelo turístico de esta región fue pionero mucho antes de que llegaran los herederos de apartamentos y los grandes tenedores que surgieron tras la crisis del ladrillo de 2008. En este contexto, resulta curioso que el organismo advierta sobre la posible profesionalización del alquiler vacacional, cuando en el sur de Gran Canaria los explotadores turísticos profesionales han sido parte inherente del modelo desde sus inicios. Esta región, epicentro de la actividad turística de las islas, ha visto cómo el suelo turístico se consolidaba con criterios definidos para maximizar la experiencia vacacional, dejando claro que la coexistencia con el residencial siempre ha sido un desafío estructural.

La CNMC, al insistir en señalar posibles riesgos como la sustitución de pequeños propietarios, parece estar redescubriendo la pólvora. El sur de Gran Canaria ha operado históricamente con profesionales y empresas explotadoras que, lejos de ser una novedad, han dado forma al paisaje económico y social del destino. Cualquier normativa que ignore estas realidades podría correr el riesgo de quedarse desajustada frente a la naturaleza y la historia del modelo turístico canario, tan particular como esencial para la economía regional. Y es que la CNMC presentó en enero un informe clave sobre la futura Ley Canaria de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. En el documento, el organismo señala que cualquier marco regulatorio que se implemente para controlar el alquiler vacacional en Canarias debe fundamentarse en "razones de interés general", las cuales deben estar "debidamente acreditadas". Al mismo tiempo, advierte que las medidas propuestas podrían derivar en la "sustitución de pequeños propietarios" por propietarios profesionales, afectando la diversidad en el mercado.

La CNMC también subraya que no son admisibles las motivaciones de carácter económico que busquen favorecer a los alojamientos tradicionales, como hoteles y apartamentos consolidados, por encima del alquiler vacacional. El informe hace hincapié en que las medidas planteadas deben demostrar, de manera efectiva, que están diseñadas para abordar problemas como la escasez de viviendas residenciales, la conservación de espacios naturales y la protección de la identidad de los barrios. Además, insta a la Consejería de Turismo a detallar cómo cada medida concreta ayuda a alcanzar dichos objetivos de manera proporcional.

Entre sus recomendaciones, la CNMC sugiere al Gobierno regional que realice un análisis exhaustivo sobre el impacto real de la normativa en las distintas áreas del archipiélago, prestando especial atención a las zonas tensionadas. Asimismo, propone ajustar la legislación turística existente, como la Ley Canaria 2/2013, con el objetivo de facilitar la reconversión de infraestructuras turísticas hacia el uso residencial. Este enfoque, según la comisión, permitiría un equilibrio entre el desarrollo económico y las necesidades habitacionales.

La CNMC alerta de que las restricciones propuestas, especialmente las dirigidas a limitar el uso combinado residencial y turístico de las viviendas, podrían transformar significativamente el panorama del alquiler vacacional. Considera que estas limitaciones podrían llevar a que esta actividad se convierta en residual, lo cual generaría un impacto negativo en la competencia de servicios turísticos y restringiría las opciones para los pequeños propietarios. El informe señala que, aunque se estima que el número de plazas de alquiler vacacional podría alcanzar el medio millón en las islas, el endurecimiento de las condiciones podría forzar la salida del mercado de muchas viviendas que actualmente operan como vacacionales. Esto afectaría principalmente a propietarios particulares y pequeños inversores, favoreciendo una profesionalización del sector que podría consolidar su control en manos de grandes empresas o establecimientos hoteleros. La CNMC acusa al Ejecutivo regional de estar incentivando indirectamente este desplazamiento.

Por último, la comisión insta al Gobierno de Canarias a realizar un análisis más profundo de los impactos conjuntos y negativos potenciales de las restricciones planteadas. También cuestiona la proporcionalidad de medidas como la suspensión automática de habilitaciones de viviendas en zonas declaradas tensionadas, considerándolas insuficientemente justificadas y posiblemente excesivas. Según la CNMC, estas acciones requieren una mayor evaluación para garantizar su eficacia y equidad en un mercado altamente competitivo como el canario.