El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido levantar a Mogán la suspensión de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa vinculada a servicios turísticos y la obligación de sostenibilidad, rechazando así el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas. En consecuencia, la aplicación de esta tasa turística deberá retomarse a partir del jueves 27 de marzo. El tribunal argumenta que los supuestos perjuicios señalados por la FEHT son "meramente económicos" y, como tales, podrían resolverse a través de los mecanismos fiscales establecidos, en caso de que en el futuro se emita una resolución favorable a la patronal hotelera. Según la sentencia, estos perjuicios no justifican una suspensión inmediata de la normativa, ya que no representan un impacto de tal magnitud que afecte el curso normal del proceso judicial.

La ecotasa, comúnmente conocida como tasa turística, es un tributo aplicado en ciertos destinos con el propósito de compensar el impacto ambiental que genera el turismo y promover prácticas más sostenibles. En España, su implementación ha sido debatida en varias comunidades autónomas, destacando las intervenciones del Consejo de Estado en la evaluación de su legalidad y viabilidad. Estas intervenciones han abordado tanto la coherencia con el marco legislativo nacional como el equilibrio entre la sostenibilidad y las dinámicas económicas del turismo. Actualmente, la ecotasa se aplica de manera habitual en Cataluña y las Islas Baleares, donde los ingresos recaudados se destinan a la conservación del entorno natural y la mejora de las infraestructuras turísticas. En otras regiones como Canarias y la Comunidad Valenciana, la idea de establecer este tipo de tasa ha surgido en diversas ocasiones, aunque no se ha llevado a cabo de forma concreta. En estos casos, el debate gira en torno al posible impacto en la competitividad del sector turístico, particularmente en áreas que dependen en gran medida de este como fuente de ingresos.

El Consejo de Estado ha subrayado la necesidad de garantizar que la ecotasa cumpla con los principios constitucionales, como el de "quien contamina, paga". Además, insiste en la importancia de crear mecanismos claros y transparentes para la gestión de los fondos obtenidos, asegurando que se destinen exclusivamente a proyectos de sostenibilidad. Aunque la ecotasa tiene un propósito noble, su impacto en los operadores turísticos y en la afluencia de visitantes sigue siendo un tema central en el análisis de su implantación. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, defendió la facilidad de implementación de la tasa, explicando que su cálculo es tan simple como multiplicar el número de noches de estancia por 0,15 céntimos por día y persona. Bueno expresó su incomprensión ante las críticas por una supuesta carga administrativa excesiva y reafirmó su compromiso con el avance del municipio. "A pesar de la oposición de la patronal hotelera, el PSOE y Nueva Canarias (NC), Mogán sigue avanzando", concluyó con determinación.