Gran Canaria se planta ante el último movimiento de Marruecos en aguas próximas al archipiélago. El Cabildo insular ha aprobado en pleno rechazar la autorización otorgada por Rabat a empresas israelíes para la exploración de petróleo y gas en una zona que no solo vulnera la legalidad internacional, sino que además podría afectar gravemente al ecosistema canario y al turismo, su principal motor económico.

La iniciativa, impulsada por Nueva Canarias – Frente Amplio Canarista (NC-FAC) y respaldada por Coalición Canaria y Partido Popular, recalca el impacto negativo que estas operaciones pueden tener sobre la seguridad y la estabilidad de Canarias. Sin embargo, la moción no ha logrado la unanimidad: PSOE y VOX han optado por abstenerse, dejando claro que la defensa de los intereses del archipiélago no siempre es cuestión de consenso.

La zona de exploración concedida a la empresa israelí NewMed Energy se extiende sobre 34.000 kilómetros cuadrados en aguas del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización según la ONU. La iniciativa de Marruecos, publicada en su Boletín Oficial el pasado 17 de febrero, vuelve a encender las alarmas sobre el expolio de recursos naturales en un área que, legalmente, no le pertenece.

El problema no es nuevo, pero la pasividad sí que sorprende. Mientras Marruecos avanza sin trabas en su estrategia de apropiación de recursos, España sigue con su letanía de que “no afectan a aguas de soberanía española”. Como si el petróleo derramado o el impacto ambiental fueran a detenerse en la línea imaginaria de la Zona Económica Exclusiva.

Los planes de exploración, que arrancarán con análisis geológicos y geofísicos durante los próximos 30 meses, cuentan con el respaldo de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) de Marruecos y de la empresa Adarco Energy, propiedad del empresario judío-marroquí Yariv ElBaz. Si los resultados son positivos, la perforación exploratoria será el siguiente paso, con una licencia que se prolongará hasta ocho años.

Desde el Cabildo insular alertan del riesgo ecológico que supone esta actividad en un área marítima con características geológicas similares a las de Mauritania y Senegal, donde ya se han descubierto importantes yacimientos de gas. Pero la preocupación no es solo medioambiental: la inseguridad jurídica de estas concesiones, al solaparse con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) reivindicada por Canarias, complica aún más el ya enrevesado tablero diplomático entre España y Marruecos.

Las ampliaciones unilaterales de la ZEE marroquí en 2020 y la falta de avances en la delimitación de aguas con España han generado tensión en los últimos años. Mientras Rabat sigue adelante con sus planes, el Cabildo de Gran Canaria exige al Gobierno de España y a la Comisión Europea que tomen cartas en el asunto y protejan los intereses del archipiélago, aunque parece que en Madrid y en Bruselas piensan más en “kits de supervivencia” y en hacer cuentas para sacar adelante su plan de “rearme europeo”.

La tibieza del Gobierno central contrasta con la determinación de Marruecos, que avanza con una hoja de ruta clara en la explotación de recursos naturales sin que España se atreva a mover ficha. ¿Se impondrá el diálogo o seguirá Marruecos marcando el ritmo en el tablero energético del Atlántico? ¿Acaso el Ejecutivo prefiere evitar problemas diplomáticos con Rabat a costa de los intereses de Canarias?