El gobierno de la República Dominicana ha establecido una presencia permanente de militares y policías en la zona conocida como "Hoyo de Friusa", en Bávaro, como parte de un operativo de control migratorio y seguridad. Durante esta operación, se han detenido a 300 personas indocumentadas y se han llevado a cabo "acciones focalizadas" para abordar la situación migratoria en la zona.

En el corazón de Bávaro, un paraíso turístico que atrae a miles de visitantes cada año y donde la cadena Lopesan tiene puesta su mirada de crecimiento de futuro a corto y medio plazo, ya tiene un establecimiento en Bávaro y otro en fase de construcción, se cierne una sombra de preocupación y descontento. La belleza de sus playas y la calidez de su gente contrastan con una realidad que muchos residentes locales no pueden ignorar. Más de 50.000 haitianos han encontrado refugio en esta zona, levantando casuchas en terrenos privados, lo que ha desatado un torrente de inquietudes entre quienes han invertido su dinero y sueños en este rincón del Caribe.

Las calles de Bávaro, una vez tranquilas y llenas de vida, ahora son testigos de un fenómeno que ha transformado el paisaje. Las casuchas, construidas con materiales improvisados, se han multiplicado, ocupando espacios que antes eran considerados propiedad privada. Para muchos dominicanos, esta situación representa una violación de sus derechos, un desafío a la legalidad que parece no tener consecuencias.

El operativo, liderado por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, se realiza en colaboración con el Ejército, la Policía y Ciutran, así como con organismos de inteligencia. Esta acción forma parte de una estrategia nacional destinada a ordenar el territorio y hacer cumplir la Ley General de Migración.

Los operativos comenzaron la semana pasada y se han extendido a áreas cercanas como Mata Mosquito, Villa Playwood y Haití Chiquito, que son identificadas como zonas con alta concentración de inmigrantes en situación irregular. El gobierno busca recuperar el control de estos espacios urbanos, donde se han generado problemas que afectan la convivencia, la seguridad y las oportunidades laborales para los ciudadanos dominicanos.

Se han reforzado los accesos a la zona, se realizan patrullajes constantes y se han instalado puestos de control para asegurar la efectividad de las acciones. Las autoridades han enfatizado que estas intervenciones se llevan a cabo respetando los derechos humanos y dentro del marco legal vigente. Además, han recibido el apoyo de las comunidades locales, que han valorado positivamente la intervención como respuesta a las preocupaciones expresadas en la reciente "Marcha Patriótica" en la misma área.