La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, ha alertado de que el decreto ley que suspende temporalmente las multas a propietarios de viviendas en zonas turísticas podría abrir la puerta a la expulsión de miles de familias residentes en el sur de Gran Canaria. González denunció que esta normativa, impulsada por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), deja en una situación de total desprotección a quienes poseen viviendas “legales”, obligándolos a declararse “ilegales” si quieren evitar sanciones económicas.

El grupo canarista ya ha anunciado que votará en contra de la convalidación de este decreto ley en el pleno del Parlamento previsto para el próximo miércoles. La norma forma parte de las medidas urgentes que modifican la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, con el argumento de atender al uso turístico de los inmuebles.

Según la portavoz de NC-BC, en el sur de Gran Canaria —una de las zonas más afectadas— existen decenas de miles de familias que residen en viviendas ubicadas en suelos de uso mixto, es decir, calificados tanto para fines residenciales como turísticos. Se trata de pisos, apartamentos y bungalós adquiridos, en su mayoría, antes del auge turístico, y cuya titularidad figura como vivienda en sus escrituras.

González insistió en que se trata de propiedades perfectamente legales, pero que el Ejecutivo regional quiere forzar a considerarse “ilegales” para esquivar las multas impuestas por ejercer la residencia en áreas catalogadas como turísticas.

La parlamentaria también criticó que el Gobierno de Fernando Clavijo utilice como justificación la presión habitacional generada por el alquiler vacacional, cuando, a su juicio, este decreto no resuelve esa problemática en las zonas residenciales, donde realmente se produce esa tensión.

Por el contrario —denunció—, se limita tanto el uso residencial como la vivienda vacacional en zonas turísticas del sur de Gran Canaria, beneficiando así a grandes empresas del sector turístico y perjudicando a los pequeños propietarios y residentes, abriendo con ello una vía clara para la expulsión de miles de familias del sur de la isla.