Con más de 5.400 menores migrantes bajo tutela en las islas y una red de acogida colapsada, el Estado ha aprobado —por fin— una ley que permite repartir a estos menores con otras comunidades autónomas. Esta norma, que llevaba más de un año atascada, entra en vigor en abril y establece un plazo de tres meses para empezar los traslados. La situación ya era insostenible: los centros están al 150% de su capacidad y no hay espacio para seguir atendiendo con dignidad a tantos niños y adolescentes llegados en cayuco.

La ley también contempla un cambio clave: a partir de ahora, si Canarias se encuentra en 'situación de contingencia migratoria', los menores que lleguen nuevos deberán ser derivados a otra comunidad autónoma en un máximo de 15 días. No se trata de quitar responsabilidades, sino de repartir el peso de una emergencia que ya no puede ser solo insular. A pesar de todo, estos menores seguirán bajo protección, porque ningún niño puede quedarse sin tutela.

En 2024 llegaron más de 39.000 personas migrantes a Canarias, y solo en los primeros meses de 2025 ya han desembarcado más de 8.500. Muchos de ellos son menores no acompañados. La ley aprobada puede aliviar la presión, pero llega tarde y con sabor a parche. Las islas siguen siendo la primera frontera sur de Europa, pero en demasiadas ocasiones, como Lampedusa, parecen estar solas ante el problema.