"De la información facilitada por la formación, se observa la existencia de unos gastos electorales no declarados en la contabilidad presentada". Esa línea del informe del Tribunal de Cuentas hecho público este mes de abril es lo que aceleró la salida de Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, de Nueva Canarias. "Venimos de un problema con la anterior NC, que ha sido origen de todo, y es la espada de Damocles que Carmelo Ramírez, él lo sabe, y este último informe,que debía ser inmaculado, ha despejado todas las dudas", dijo a Maspalomas24H una fuente del entorno de los militantes procedentes del bloque canarista.

Según el texto de la institución fiscalizadora del Estado, Nueva Canarias ha presentado su rendición de cuentas de campaña cumpliendo con los requisitos formales básicos exigidos por el Tribunal de Cuentas: "la formación no ha presentado la memoria de actos electorales ni el acuerdo de integración de la contabilidad electoral, tal como exige la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal para este proceso. Además, no utilizó la codificación diferenciada prevista en el PCAFP para registrar los acreedores y la tesorería, lo que dificulta distinguir entre actividades ordinarias y electorales". Aun así, el partido declaró un total de 187.358 euros en recursos, procedentes íntegramente de aportaciones propias, sin recurrir a financiación externa ni adelantos públicos.

En cuanto al gasto, en las últimas elecciones locales de 2023 la formación nacionalista destinó 129.352 euros a operaciones ordinarias, con un peso notable en la publicidad exterior (26.282 euros) y el resto distribuido en otros gastos como logística o servicios. A esta cifra se sumaron 61.425 euros por envíos de propaganda electoral, correspondientes a más de 400.000 envíos.

La campaña se desarrolló con una gestión financiera ajustada: no hubo pagos fuera de plazo, ni deudas pendientes con proveedores, y el saldo final de la cuenta electoral fue de apenas 180 euros. Sin embargo, hay un punto a revisar: dos proveedores —Formularios Insulares de Canarias y Artes Gráficas del Atlántico— no remitieron la información requerida al Tribunal de Cuentas, lo que representa 28.310 euros no auditados directamente por el órgano fiscalizador.

En conjunto, la campaña de Nueva Canarias fue austera, ajustada a la legalidad y sin excesos. La ausencia de financiación externa y el cumplimiento estricto de los límites refuerzan una imagen de control interno. Aun así, las omisiones documentales y contables, junto a la falta de transparencia de algunos proveedores, introducen una sombra técnica sobre un proceso que, en lo esencial, mantiene la solvencia contable.