La idea de Ashotel, la patronal del sector del turismo en Tenerife, de llevar al límite a los trabajadores ha contagiado la imagen del sur de la isla de Gran Canaria. La reciente huelga en el sector turístico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife pone de relieve un conflicto financiero de fondo: la desconexión entre el crecimiento económico del turismo y la redistribución de beneficios entre los trabajadores. Con 76.821 empleos directos en la hostelería —más de 33.600 en alojamiento y 43.000 en restauración— y récords de visitantes, los sindicatos denuncian que los salarios no han seguido el mismo ritmo de crecimiento que la rentabilidad empresarial. Mientras el sur de Tenerife concentra una gran parte de esa riqueza, con zonas como Costa Adeje y Playa de Las Américas registrando ocupaciones cercanas al 90% en Semana Santa, las plantillas denuncian condiciones laborales precarias.

En contraste, en el sur de Gran Canaria —que comparte perfil turístico y demográfico— el conflicto se resolvió mediante un acuerdo que eleva los salarios un 9% hasta 2026, incorpora mejoras técnicas como camas elevables y se compromete con la continuidad laboral. Esta diferencia de resultados refleja no solo divergencias en la estrategia sindical, sino también en la presión de los actores locales sobre el reparto de beneficios del turismo, uno de los principales motores económicos de Canarias. En 2024, Gran Canaria recibió más de 4,6 millones de turistas, mientras que Tenerife superó los 5 millones, lo que se tradujo en una inyección de más de 7.500 millones de euros en ambas economías insulares.

La negativa del empresariado tinerfeño a suscribir mejoras salariales similares ha encendido las alarmas en un momento de auge económico. El preacuerdo planteaba subidas progresivas del 6%, que las asambleas de trabajadores consideraron insuficientes, a pesar de que se incluía la introducción de elementos clave como camas elevables y cláusulas para proteger el poder adquisitivo. La presión sindical crece ante un modelo que los representantes laborales califican de “insostenible”, por depender del sacrificio de plantillas que no se benefician directamente del crecimiento del sector.

El impacto reputacional también es un factor financiero a considerar: la huelga en plena Semana Santa —una de las temporadas más rentables del año— se desarrolló en zonas turísticas claves, generando visibilidad internacional y afectando potencialmente la percepción de estabilidad del destino. El conflicto evidenció la falta de un mecanismo de mediación eficaz entre sindicatos y patronales en Tenerife, a diferencia de Las Palmas, donde la interlocución sí permitió cerrar acuerdos. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, no logró evitar el paro, mientras que la patronal Ashotel ve ahora amenazada la paz social en el corto plazo.

Además, el inmovilismo de la patronal tinerfeña genera daños colaterales al sur de Gran Canaria, que ya ha cerrado un acuerdo favorable con los trabajadores. La imagen de conflicto laboral generalizado en Canarias, amplificada por medios internacionales, amenaza con erosionar la competitividad del principal núcleo turístico grancanario, especialmente ante mercados como el británico y el alemán, sensibles a la estabilidad del destino. El perjuicio es doble: reputacional y económico, pues empaña los avances alcanzados por la negociación colectiva en Las Palmas y distorsiona el esfuerzo inversor en calidad y estabilidad del empleo.

Así, el conflicto en Santa Cruz de Tenerife se convierte en un espejo de las tensiones estructurales del modelo turístico canario. La diferencia con el sur de Gran Canaria, donde el conflicto fue desactivado, resalta la urgencia de soluciones negociadas, que no solo salvaguarden la imagen del destino, sino que también dignifiquen la contribución de quienes hacen posible su éxito: las trabajadoras y trabajadores de la hostelería. La parálisis en Tenerife, lejos de ser un asunto local, amenaza con lastrar la competitividad del conjunto del archipiélago.