El mercado inmobiliario en el sur de Gran Canaria vive uno de sus momentos más tensos y lucrativos en décadas. Mientras los precios de la vivienda continúan su escalada —con valores que ya superan los 3.000 euros por metro cuadrado en zonas como Meloneras o Puerto Rico—, un reducido grupo de actores concentra el poder económico y político detrás del auge.

Uno de los nombres clave es el de Eustasio López González, presidente del Grupo Lopesan. Su conglomerado turístico y promotor ha sido fundamental en la reconfiguración urbanística del sur de la isla. Con desarrollos orientados al turismo de lujo, Lopesan ha impulsado una revalorización inmobiliaria que hoy genera retornos del 6% al 8% anual en alquiler vacacional, según fuentes del sector financiero. Esta transformación ha sido acompañada por promotores como Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Las Palmas, quien insiste en que el encarecimiento se debe al alza de costes y la falta de suelo disponible.

Desde la banca privada, se señala un fenómeno de fuerte concentración de capital extranjero. “En algunas zonas, cuatro de cada diez operaciones las firman inversores alemanes, nórdicos o británicos, con capacidad para pagar al contado y reconvertir las propiedades en alojamientos turísticos”, explican desde una entidad con presencia en Canarias. Intermediarios locales como Ravi Chhabria, Marc Heidenthal y Antonello Passarelli actúan como puente entre esa demanda y la escasa oferta disponible, en un mercado cada vez más cerrado para los residentes.

Las administraciones públicas intentan reaccionar ante una crisis habitacional cada vez más evidente. El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado la construcción de 1.000 viviendas públicas, mientras que el Ayuntamiento de Mogán apuesta por fórmulas como el derecho de superficie a 75 años. Sin embargo, expertos señalan que estas medidas son todavía insuficientes frente a una maquinaria inmobiliaria que opera con capital internacional y expectativas de rentabilidad muy por encima del mercado tradicional.

Mientras tanto, las plataformas de alquiler turístico como Airbnb siguen alimentando la conversión de viviendas residenciales en estancias de corta duración. En este contexto, la vivienda en el sur de Gran Canaria ya no es solo un bien de uso: es, cada vez más, un activo financiero en manos de unos pocos. Y en ese juego, los residentes locales son los grandes perdedores.