Un hotel de la cadena Princess ubicado en la urbanización turística de Taurito, en Mogán, ha presentado una reclamación patrimonial por valor de 1.716.551 euros al Ayuntamiento por los perjuicios derivados del derrumbe de un tenique de tres toneladas ocurrido el 27 de septiembre de 2022. La piedra, desprendida desde un talud de titularidad municipal, impactó contra parte de sus instalaciones, causando daños materiales y obligando al cierre parcial del complejo durante más de dos años. La corporación municipal, presidida por Onalia Bueno, desestimó la petición mediante una propuesta de resolución emitida el 16 de enero de 2025, según Canarias 7. El expediente fue remitido al Consejo Consultivo de Canarias, que el pasado 3 de abril emitió un dictamen de 23 páginas. Aunque su informe no es vinculante, sí es preceptivo en este tipo de procedimientos.

La piedra, de aproximadamente un metro cúbico de volumen, afectó a accesos, pasillos y dos habitaciones, pero el hotel alega un daño mucho mayor: el cierre de 20 habitaciones hasta el 13 de noviembre de 2024, fecha en que pudieron ser reabiertas tras las obras de refuerzo del cantil. Esta imposibilidad de comercialización ha sido valorada como lucro cesante y forma el núcleo central de la reclamación que el hotel presentó en septiembre de 2023.

El Ayuntamiento sostiene que la reclamación del hotel no acredita de forma suficiente los daños materiales, especialmente en lo que se refiere al lucro cesante. Argumenta que la pericial aportada por la empresa se basa en hipótesis de ocupación total, sin tener en cuenta la demanda real, las cuentas anuales de ejercicios anteriores ni los porcentajes de ocupación mes a mes. “La pericial, por sí sola, no acredita la pérdida real y efectiva de ganancias”, reza el documento municipal, en el que se advierte que la pérdida se plantea como una mera posibilidad en una situación hipotética de máxima ocupación.

Asimismo, el consistorio cuestiona otras partidas, como una factura por realojo de huéspedes valorada en 9.295 euros, de la que —asegura— no se aportaron pruebas que acrediten que esos clientes estuvieran alojados o fueran a alojarse en las habitaciones afectadas por el derrumbe. El Consejo Consultivo, sin embargo, estima que el Ayuntamiento incurrió en falta de diligencia al no aportar informes contradictorios que refutaran la pericial del hotel, motivo por el cual considera íntegramente válida la valoración del lucro cesante. Según su dictamen, “la empresa tiene derecho a una indemnización de 1.707.256 euros”, cantidad que deberá actualizarse a la fecha en que concluya el procedimiento.

No obstante, el órgano regional coincide con el Ayuntamiento en que no existen pruebas que respalden otros conceptos como el supuesto realojo de huéspedes. En este sentido, la posición de la administración local ha sido respaldada parcialmente, especialmente en su escepticismo ante el alcance total de los daños alegados.