Humanismo institucional? Más de 3.994 hamacas, 1.997 sombrillas, 45 hamacas balinesas, 9 kioscos bar, 8 terrazas y 2 kioscos taquillas. Así se presenta el nuevo modelo de explotación del litoral de San Bartolomé de Tirajana: una intervención masiva —disfrazada de modernización verde— que redefine el uso público del mayor atractivo natural del sur de Gran Canaria.
Con una inversión proyectada de 8,5 millones de euros y un rendimiento estimado de 2,1 millones anuales, el plan diseñado por el grupo de gobierno municipal, con Coalición Canaria al frente, presenta una visión de playa “más accesible, más sostenible y más innovadora”. Pero bajo esta retórica tecnocrática y amable, lo que emerge es una consolidación del litoral renovado como llevan pidiendo desde hace años los turoperadores e inversores.
“Playas más humanas, compromiso ambiental y zonas familiares”, resume el eslogan que acompaña este nuevo modelo. Un modelo que, por ejemplo, prevé renovar por completo la zona de vóley playa en Playa del Inglés, separándola de las hamacas para garantizar “comodidad y seguridad”. O que autoriza hasta 50 m² de terraza por kiosco en la mayoría de los enclaves del municipio.
“Hemos diseñado un plan de modernización de los servicios que coloca al ciudadano en el centro”, declaró la concejala del área, Yilenia Vega (CC). Pero ese “ciudadano en el centro” es, más bien, el turista de alto poder adquisitivo, destinatario de las nuevas hamacas balinesas, las pérgolas de diseño y los sistemas de pago digitales sin contacto. Es un relato donde la accesibilidad es un concepto abstracto, y la sostenibilidad se mide en metros cuadrados ocupados con elegancia.
El plan ha recibido luz verde por parte del Gobierno de Canarias, que ha autorizado la ocupación del dominio público marítimo-terrestre hasta 2028, imponiendo ciertas restricciones medioambientales: el mantenimiento de un máximo del 10 % de ocupación en playas naturales y hasta el 50 % en zonas urbanas, así como el compromiso de no invadir el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Maspalomas. Medidas necesarias, sí, pero que no ocultan la tendencia general: más servicios, más control, más rentabilidad.
Como gesto hacia la conservación, se mantendrá una franja libre de equipamientos de 2.500 metros. También se implementará un sistema de medición de aforo y se establecerá una comisión ejecutiva entre administraciones para coordinar la limpieza y el seguimiento ambiental. Pero la verdadera clave está en cómo se gestionará este ecosistema: una sola concesión para todos los servicios, que pone fin a la tradicional segmentación pero centraliza el negocio y elimina la diversidad operativa local.
En enclaves como Las Burras y San Agustín, se incluirán parques infantiles y nuevos servicios familiares, buscando diversificar el perfil de usuario. Pero incluso esas medidas, en principio bienintencionadas, parecen diseñadas para refinar el producto turístico antes que para empoderar a los vecinos.
“Con este plan logramos un equilibrio real entre conservación y desarrollo. Las playas seguirán siendo públicas, naturales y funcionales, pero con servicios de primera”, defiende Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde y principal impulsor del proyecto. Sin embargo, para muchos residentes, la pregunta es otra: ¿de quién serán realmente las playas cuando terminen de transformarse?
Porque cuando una playa necesita un sistema de gestión, sensores de aforo, vigilancia permanente y una red de kioscos medidos al milímetro, quizás lo que se transforma no es solo la experiencia, sino la propia naturaleza pública del espacio. El proyecto ya está en marcha. Ahora queda por ver si las palabras “más humanas” serán algo más que un lema de campaña.
