El sobrecoste silencioso que lastra al Puerto de Las Palmas no solo golpea al tejido empresarial, sino que se cuela en la vida diaria de miles de canarios del sur de Gran Canaria y sus empresas. La Tarifa Máxima Empresarial (TME), ese recargo que debía desaparecer en 2007, encarece hoy el suministro de alimentos, combustible y mercancías que abastecen a hoteles, restaurantes y servicios turísticos del archipiélago. El resultado: un modelo que encarece la experiencia turística y penaliza a quienes sostienen la actividad económica desde la base. Más que aportar soluciones, perpetúa un problema enquistado desde hace dos décadas.
La patronal grancanaria ha reclamado en reiteradas ocasiones a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que vive directa o indirectamente del turismo de la capital económica de Canarias, Maspalomas, la eliminación de la Tarifa Máxima Empresarial, un recargo sobre las importaciones vigente desde hace casi 18 años para cubrir la deuda de la antigua Sestiba. El sobrecoste, de unos 2,5 millones de euros anuales, acaba repercutiendo en el consumidor. La Confederación Canaria de Empresarios considera que esta tasa ya no tiene justificación, dado que la deuda corresponde ahora a la sociedad privatizada Sagep.
La TME fue implantada en 2003 con el objetivo de enjugar el déficit acumulado por la antigua sociedad estatal de estiba y desestiba, Sestiba. La tarifa, de 0,80 céntimos por tonelada movida, debía durar hasta 2007. Sin embargo, no solo no desapareció, sino que ha servido —según documentos e informes a los que hemos accedido— para alimentar una estructura opaca que ha sobrevivido en Las Palmas a presidentes, crisis y reformas. Nadie le mete mano a ese asunto por miedo a los estibadores pero lo pagan todos los demás.
Durante años, esta tasa ha financiado una deuda creciente —que ya supera los 24 millones de euros— y que no ha cesado de agrandarse pese al descenso de la actividad portuaria, las prejubilaciones masivas y los reajustes de plantilla. ¿Cómo se ha llegado a este punto? La respuesta apunta directamente a decisiones mal fundamentadas, previsiones ficticias y una cultura de despilfarro amparada por la falta de control institucional.
El caso más ilustrativo es el préstamo de 1,5 millones que Sestiba habría otorgado a una sociedad portuaria privada, con fondos recaudados a través de la TME. Una operación que, según la Intervención General del Estado, no figura en los registros contables reales de la entidad. Tampoco consta intento alguno de recuperar ese dinero.
Más allá del agujero financiero, el impacto real de este sistema lo sufren empresarios, consumidores y turistas. Pocas asociaciones empresariales llevan años denunciando el sobrecoste que supone operar en Las Palmas, una isla dentro del propio sistema portuario español. La carga económica de la TME se traslada al precio final de los productos, encareciendo la vida en el archipiélago y restando competitividad al tejido empresarial canario del destino turístico.
Mientras tanto, la gestión de la actual Sagep —la heredera privatizada de Sestiba— continúa bajo sospecha. Cuentas maquilladas, presuntos gastos sindicales desproporcionados y la falta de voluntad política para desmontar el tinglado son algunos de los elementos que han consolidado lo que muchos ya califican como un “impuesto revolucionario”. Un impuesto que, paradójicamente, tampoco ha servido para salvar a la propia sociedad que pretendía rescatar.
El enfrentamiento entre operadores, sindicatos y la Autoridad Portuaria no es casual. La creciente influencia de grandes navieras internacionales y la necesidad de captar cruceristas con bonificaciones millonarias están desplazando a quienes sostienen día a día la actividad económica del puerto. El empresariado local, atrapado entre la deuda heredada y las promesas incumplidas, asiste con escepticismo a cada nuevo acuerdo escenificado como un pacto de unidad.
Lo que ocurre en Las Palmas no es solo una crisis portuaria. Es un ejemplo de cómo la falta de transparencia, el clientelismo político y la inacción institucional pueden cronificar un modelo inviable. Un modelo que, lejos de resolver sus déficits, ha acabado creando uno estructural que amenaza la sostenibilidad de uno de los principales motores económicos del archipiélago. Y mientras las responsabilidades se diluyen entre consejos de administración, informes técnicos y declaraciones de buena voluntad, la TME sigue vigente. Silenciosa, invisible, pero letal para la economía productiva de Canarias.
