La tranquilidad fiscal que durante años acompañó a jubilados, nómadas digitales y extranjeros residentes en el sur de Gran Canaria y acogidos a regímenes fiscales como la Ley Beckham empieza a tambalearse. Eso es lo que afirma un reconocido bufete internacional que ha lanzado una campaña pública acusando al fisco español de perseguirlos con métodos más propios de una redada que de una inspección.

Bajo el eslogan “Spanish Tax Pickpockets” —una declaración de intenciones sin matices—, el bufete internacional Amsterdam & Partners LLP ha lanzado una ofensiva pública e institucional contra Hacienda. ¿El motivo? Lo que consideran una “campaña de acoso fiscal” por parte de la Agencia Tributaria (a la que cataloga de carterista) contra quienes se acogieron al régimen fiscal conocido como “Ley Beckham”, que durante años atrajo a miles de trabajadores extranjeros a residir (y tributar) en España bajo condiciones preferentes y que a día de hoy es uno de los principales atractivos para los nómadas digitales que llegan a Gran Canaria.

El despacho, liderado por el abogado canadiense Robert Amsterdam —famoso por representar a oligarcas rusos, opositores al Kremlin y figuras de alto perfil en causas internacionales—, no es precisamente nuevo en esto de mover piezas en el tablero mediático y político.

Y lo cierto es que la campaña no ha pasado desapercibida: anuncios en The Wall Street Journal, columnas en el Financial Times y una web dedicada a canalizar denuncias de afectados, SpanishTaxPickpockets, que no se corta ni un pelo a la hora de calificar a Hacienda como un “instrumento recaudatorio con mentalidad confiscatoria” y a asegurar que “el tiempo no será lo único que perderás al trasladarte a España”, en referencia a la carga impositiva del país.

El momento, todo sea dicho, tampoco ayuda a tranquilizar los ánimos. Además de coger a Hacienda en plena campaña de la declaración, en las últimas semanas se ha visto envuelta en otras polémicas que han encendido las alarmas, no solo entre los más ricos y los acogidos a la Ley Beckham, sino entre “los mortales”. Por ejemplo, la reciente advertencia de que las transferencias por Bizum que superen ciertos importes podrán acarrear sanciones si no están debidamente justificadas o la otra joya: multas de hasta 150.000 euros por sacar dinero en efectivo en cantidades consideradas “sospechosas” sin poder justificar su uso.

Desde el bufete de Amsterdam & Partners argumentan que todo esto forma parte de un mismo patrón: presionar al contribuyente bajo el pretexto de combatir el fraude, mientras se erosiona la seguridad jurídica. Y claro, en un entorno como el sur de Gran Canaria, donde miles de extranjeros han establecido su residencia atraídos por el buen clima, la tranquilidad y unas condiciones fiscales más o menos estables, el mensaje cala.

Robert Amsterdam, el cerebro de esta ofensiva, no es precisamente un desconocido. Ha sido abogado de figuras controvertidas como Mikhail Jodorkovsky, exmagnate petrolero ruso enfrentado a Putin, y ha participado en procesos ante tribunales internacionales y organismos como la Corte Penal Internacional o el Parlamento Europeo. Que ahora ponga su mirada sobre España no es anecdótico: su intención es escalar el caso a nivel europeo e internacional si Hacienda no recula.