El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana confirmó este jueves a Maspalomas24H que ha iniciado formalmente el procedimiento para regularizar urbanísticamente el núcleo rural de La Media Fanega, un asentamiento agrícola consolidado entre Montaña La Data y El Salobre que hasta ahora quedaba fuera de los mapas oficiales de población. La Comisión de Evaluación Ambiental del municipio acordó el pasado 10 de marzo abrir el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, un paso clave hacia la inclusión legal del núcleo en el Plan General de Ordenación.
La propuesta afecta a un ámbito de suelo rústico donde confluyen el Barranco de Chamoriscán y el Barranco de La Negra, articulado a lo largo de la conocida carretera a Palmitos Park. En la actualidad, existen unas 19 viviendas dentro del perímetro delimitado y otras nueve en su entorno inmediato, lo que según la Ley del Suelo de Canarias de 2017 permite su clasificación como asentamiento agrícola.
La Media Fanega no figura aún entre los núcleos poblacionales del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), a pesar de que su trazado responde a un crecimiento orgánico y sostenido en el tiempo. La ausencia de planificación previa ha dado lugar a un urbanismo de hechos consumados, con vecinos organizados en torno a la asociación AVEMEFA que ahora promueve activamente esta Modificación Menor del Plan General.
El equipo redactor, liderado por la arquitecta Ana Kursón Ghattas del despacho Kurson Architecture Consulting, ha sido el encargado de plasmar en papel esta aspiración vecinal de ser reconocidos por el planeamiento. El proyecto se inscribe dentro de la normativa vigente del PGOU de 1996, aunque se enmarca en una tendencia más amplia de regularización de enclaves rurales a raíz de las Directrices de Ordenación del Territorio y las sucesivas reformas legislativas.
Con este proceso, San Bartolomé de Tirajana no solo reconoce una realidad habitacional hasta ahora invisibilizada, sino que se alinea con las obligaciones legales de ordenar adecuadamente su territorio rural. En paralelo, se abre un nuevo capítulo de diálogo entre administración y ciudadanía para definir los límites del crecimiento y la convivencia entre lo agrícola y lo residencial.