Ayagaures Medioambiente ha lanzado una campaña de financiación colectiva para su nuevo parque híbrido eólico-fotovoltaico en Agüimes. La iniciativa, impulsada a través de la plataforma regulada Fundeen y registrada en la CNMV, busca captar más de un millón de euros entre pequeños inversores —en primer lugar, residentes en el municipio y empleados del grupo promotor— con una promesa de rentabilidad fija del 7% anual respaldada por aval bancario.
Este tipo de financiación ciudadana ha ganado presencia en el sector energético como vía para fomentar la participación local en proyectos renovables. No obstante, los expertos en derecho mercantil y financiero recomiendan leer con atención las condiciones y comprender bien el alcance del producto antes de invertir. En otros proyectos de renovables, la empresa del directivo Antonio Díaz—filial del Grupo Pérez Moreno (GPM)— no recurrió a esta fórmula de democracia participativa para comprar a IDAE su capital en Pegasa tras adjudicarse GPM la repotenciación con molinos de Enercon licitada precisamente por la empresa gestora de la planta de molinos de Las Gaviotas por 8,3 millones de euros.
La fórmula empleada no otorgaría derechos políticos, societarios ni participación accionarial en la empresa o el parque. Se trata de una relación jurídica de préstamo: el inversor actúa como acreedor, no como copropietario. Por tanto, no interviene en decisiones futuras sobre ampliaciones de capital, posibles cambios societarios o estrategias comerciales. Aunque el aval bancario ofrecería una capa adicional de seguridad, su ejecución puede requerir trámites legales en caso de conflicto, lo que implica costes y tiempos que conviene considerar. Desde el punto de vista jurídico, una rentabilidad “asegurada” por contrato constituye una obligación de pago —es decir, una deuda—, no una inversión en sentido estricto. Como en cualquier obligación contractual, existe la posibilidad de que surjan incidencias si cambian las condiciones del proyecto, el marco regulatorio o la solvencia de las partes implicadas.
Por ello, diversos analistas aconsejan que el inversor minorista valore su nivel de conocimiento financiero y el tiempo de compromiso exigido antes de comprometer su capital. Proyectos similares en Europa han dado lugar a debates normativos. En países como Francia, Italia o Alemania se han producido casos donde pequeñas inversiones en renovables no retornaron en los plazos inicialmente previstos, lo que motivó mejoras en la regulación para aumentar la transparencia y protección de los inversores minoristas.
Estos precedentes no implican un juicio sobre el modelo canario, pero sí aportan lecciones valiosas sobre la importancia de la información previa, la lectura detallada de los contratos y el análisis del riesgo real. La cercanía geográfica o emocional con un proyecto no siempre equivale a mayor control o menor riesgo. Como en cualquier iniciativa de ahorro o inversión, se recomienda informarse a fondo, consultar con asesores independientes si es necesario, y no comprometer recursos que no se esté dispuesto a inmovilizar durante el tiempo previsto.
