Eran manifestaciones contra el turismo de sol y playa pero, de buenas a primeras, aparece un atribulado con una bandera del País Vasco diciendo 'No a la OTAN'. Buena parte de los líderes vienen de estratos electorales cercanos a Podemos, la fuerza comunista que surgió en 2015 con fuerza y quedó arrollada por el PSOE. Un desastre. Los globalistas salieron a las calles canarias aprovechando que tenían tiempo: la mayor parte eran jubilados, funcionarios, liberados sindicales y personal laboral de las administraciones. No fue precisamente una manifestación en Las Palmas precisamente donde hubiera autónomos presentes. Nueva Canarias ha salido en defensa de estas movilizaciones.
La tercera protesta ciudadana contra el turismo en Canarias, convocada en varias islas, ha evidenciado más el agotamiento de un discurso que no cala en la mayoría social que una auténtica movilización de masas. Pese a los titulares grandilocuentes, la asistencia a las manifestaciones ha sido limitada si se pone en contexto: 23.190 personas sobre una población de más de 2,2 millones y un mercado turístico de más de 14 millones de visitantes anuales. La población quiere mejoras, pero no quiere hundir el turismo. La sociedad canaria clama por un modelo que funcione para todos, pero no parece dispuesta a sacrificar su principal motor económico en nombre de una minoría ruidosa.
En Tenerife, donde se ha generado este problema en la calle con el turismo que ha contaminado a Las Palmas, con algo menos de 15.000 manifestantes según cifras oficiales, apenas se movilizó el 1,5% de la población de la isla. En Gran Canaria, la asistencia no llegó ni al 0,5%. En Fuerteventura, La Palma o Lanzarote, la respuesta fue aún más testimonial. La realidad es que la mayoría de los canarios vive directa o indirectamente del turismo, y las pancartas que rezaban “Somos los esclavos de Europa” contrastaban con las cifras que demuestran lo contrario: el turismo sostiene el 70% del PIB y miles de empleos.
Buena parte de los asistentes, según fuentes sindicales y de la propia Delegación del Gobierno, procedían de colectivos con rentas públicas estables: funcionarios, jubilados y activistas de organizaciones ecologistas. El mundo empresarial, comercial y del turismo brilló por su ausencia, al igual que el tejido productivo local. Mientras se reclamaba “ni una cama más”, los complejos hoteleros siguen con ocupaciones superiores al 80% y generan ingresos récord.
Mientras los manifestantes exigían una “ley de residencia” para frenar la compra de viviendas por parte de extranjeros, muchos municipios turísticos como Mogán, Adeje o Yaiza celebran cifras históricas de recaudación, empleo e inversión. El rechazo a nuevas camas turísticas no representa al camarero, la limpiadora o la pyme que depende de ellas para subsistir.
Además, las quejas sobre cortes de agua, vertidos y vivienda ocultan una realidad estructural: muchos de esos problemas preceden al turismo de masas y obedecen a décadas de mala planificación y gestión pública. En paralelo, iniciativas como la tasa turística de Mogán o los intentos de regulación de la vivienda vacacional están en curso, pero requieren consenso, no bloqueos ideológicos. Los empresarios piden diálogo, planificación y soluciones reales. La clave no es destruir el modelo turístico que ha sacado a Canarias del subdesarrollo, sino hacerlo más inclusivo, más eficiente y más sostenible. Y eso no se consigue con pancartas, sino con políticas serias y viables.
