El negocio de Airbnb en Maspalomas es tan rentable como controvertido. Supone una fuente de ingresos clave para miles de familias y microempresas, pero también plantea desafíos urgentes en acceso a la vivienda, equilibrio urbano y sostenibilidad turística. El Gobierno de Canarias ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, aprobado por el Gobierno de España, que establece un Registro Único de Viviendas de Uso Turístico y una Ventanilla Única Digital para el control de los alojamientos de corta duración. En Maspalomas y otras zonas de alta presión turística, la proliferación de viviendas vacacionales ha generado tensiones en el mercado inmobiliario y en la convivencia ciudadana. Por ello, el municipio se encuentra en fase de redefinir su modelo turístico y residencial, con especial atención al impacto socioeconómico y ambiental del alquiler de corta duración. Aunque el Registro Único pretende aumentar la transparencia y mejorar la fiscalización de estos alojamientos, desde Canarias se teme que suponga un doble control, sin coordinación con los registros ya existentes en la comunidad, y que se solape con el nuevo decreto autonómico sobre vivienda vacacional, actualmente en tramitación.
La decisión busca frenar una normativa que, según el Ejecutivo autonómico, invade competencias propias de las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito turístico, crucial para municipios como San Bartolomé de Tirajana, donde se encuentra Maspalomas. La implantación de este Registro Único podría tener consecuencias directas en zonas turísticas altamente dependientes del alquiler vacacional, como Maspalomas, donde la oferta de viviendas turísticas representa una parte significativa del alojamiento disponible, tanto formal como informal.
Según fuentes del sector, una base de datos centralizada sin coordinación autonómica podría dificultar la gestión local del fenómeno, alterar el equilibrio entre oferta hotelera y vacacional, e incluso influir en los planes de ordenación turística que actualmente desarrolla el municipio sureño. Además, la medida genera incertidumbre entre propietarios, gestores de plataformas y pequeños arrendadores, que temen un aumento de la burocracia, nuevas exigencias administrativas y posibles sanciones por descoordinación entre registros estatal y autonómico. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, recuerda que ya el pasado 17 de febrero el Gobierno canario presentó un requerimiento previo al Estado, sin obtener respuesta. El paso a la vía judicial se apoya en un dictamen del Consejo de Estado, que señala que la norma se aprobó sin consulta previa a las comunidades autónomas ni a los organismos potencialmente afectados, como ayuntamientos o cabildos.
“Canarias tiene competencias exclusivas en materia de ordenación y promoción turística, y esta medida estatal no puede imponerse sin diálogo ni acuerdo”, ha afirmado De León, que insiste en que la postura del Gobierno autonómico no es de confrontación, sino de defensa institucional.
