Comprar todos los productos que un propietario requiere para tener al día su vivienda vacacional en el sur de Gran Canaria o comprar ropa desde el 21 de mayo poco a poco va a ser un calvario con los proveedores como hacen tanto canarios como turistas de larga estancia. La razón es que ahora tienen esas plataformas que recaudar el IGIC, un calvario para cada uno de los miles de proveedores y, al final, lo más práctico a medida que pasen las semanas serán las restricciones de ventas al mercado de Canarias a no ser que el usuario acepte que le impute un IVA en un territorio que está exento de este mecanismo fiscal. Es lo que tiene disponer de un Régimen Económico y Fiscal (REF) ajeno a la realidad.
El pasado 21 de mayo de 2024, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN) aprobó una nueva Directiva que transforma radicalmente el tratamiento fiscal de las importaciones en el comercio electrónico. Esta normativa obliga a las plataformas digitales a recaudar el IVA en origen por las ventas de productos procedentes de terceros países. Esto afecta directamente a gigantes del comercio electrónico como Temu, AliExpress, Amazon o Shein, y supone un cambio profundo en la operativa fiscal para miles de comercios que venden a consumidores dentro de la Unión Europea.
Esta medida forma parte del paquete legislativo VAT in the Digital Age, que busca nivelar el terreno de juego entre proveedores europeos y extracomunitarios, asegurar la recaudación tributaria y reducir el fraude en las importaciones de bajo valor. Además, se refuerza el uso del sistema IOSS (Import One-Stop Shop), que facilita la declaración del IVA desde un único punto en Europa para todas las ventas transfronterizas.
Desde Canarias, y en particular en el sur de Gran Canaria, esta reforma fiscal puede convertirse en un verdadero calvario para los consumidores y las empresas que intentan comprar productos en plataformas internacionales como Temu o AliExpress. Aunque la Directiva no aplica el IVA en Canarias directamente —pues el Archipiélago tributa mediante el IGIC y es considerado territorio tercero en materia fiscal— sí introduce una complejidad operativa importante. Las plataformas podrían restringir envíos a Canarias o incluir el IVA europeo en sus precios, lo que puede encarecer los productos o complicar la gestión de las devoluciones y reclamaciones.
Para los compradores particulares, esto significa que productos que antes podían comprarse con relativa facilidad y sin costes ocultos, ahora pueden llegar con sobrecostes inesperados o retrasos derivados de trámites aduaneros y fiscales más complejos. Además, la inclusión anticipada del IVA en el precio final puede crear confusión y desincentivar la compra online desde Canarias, especialmente en zonas como el sur de Gran Canaria donde la conectividad y la cultura de compra digital están en crecimiento.
Por su parte, las empresas canarias que venden a clientes dentro de la Unión Europea deben adaptarse a una doble realidad fiscal: gestionar el IGIC local y cumplir con las nuevas obligaciones de IVA europeo si utilizan plataformas digitales o almacenes en territorio comunitario. Esto implica registrarse en sistemas como el OSS/IOSS, adaptar facturación y coordinar exhaustivamente la logística para no incurrir en sanciones o problemas con Hacienda.
En resumen, esta reforma fiscal europea no solo moderniza y fortalece el sistema tributario en el comercio digital global, sino que también pone en evidencia la desconexión y los retos que enfrentan las Islas Canarias. La condición especial de Canarias como territorio tercero, lejos de ser una ventaja, puede suponer un freno para el acceso fluido a plataformas internacionales, dificultando tanto las importaciones para consumidores como las exportaciones para negocios locales.
Este nuevo escenario exige una consultoría fiscal especializada y una planificación estratégica para que el comercio digital en Canarias —y en concreto en el sur de Gran Canaria— pueda superar el complejo entramado burocrático y mantener su competitividad. Sin esta adaptación, el riesgo es que Canarias quede aislada en un mercado cada vez más normativizado y competitivo, penalizando a consumidores y empresas por igual.
