La sostenibilidad fiscal del turismo en el sur de Gran Canaria podría estar al borde de una crisis silenciosa, pero de gran calado. El régimen económico y fiscal de Canarias, amparado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluye el AIEM —Arancel sobre Importaciones y Entregas de Mercancías—, un tributo singular que grava productos importados para proteger la producción local. Sin embargo, el sistema tiene un límite: la Comisión Europea autorizó su vigencia hasta 2027 con una condición cuantitativa estricta—no superar los 150 millones de euros anuales de recaudación, según la ficha financiera adjunta a la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2273. Y según fuentes del sector fiscal y portuario, ese techo podría haberse superado ya, situándose entre los 160 y 170 millones de euros, lo que activa una cadena de consecuencias jurídicas y económicas con epicentro en el motor económico del archipiélago: el turismo.
Este exceso no es simplemente una cuestión contable. En términos de derecho comunitario, implica la presunción de ayuda de Estado ilegal, conforme a los artículos 107 y 108 TFUE. Si España no ha notificado adecuadamente la superación del umbral ni justificado el impacto neutro en el mercado interior, se expone a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea e incluso a una exigencia de recuperación de lo recaudado en exceso. En otras palabras, se desprotege legalmente todo el régimen fiscal especial canario ante el resto de operadores del mercado único. Pero lo más preocupante es que este fallo de supervisión afecta directamente a la estructura de costes del turismo en zonas clave como Playa del Inglés, Maspalomas o Meloneras.
¿Por qué? Porque el AIEM grava una parte significativa de los insumos que sostienen la oferta turística del sur grancanario: desde alimentos, bebidas y productos de limpieza no producidos localmente hasta mobiliario hotelero, repuestos de aire acondicionado, cristalería, textiles, maquinaria de restauración o equipamiento para spas. Todos estos bienes son importados por hoteles, restaurantes, centros de ocio y touroperadores. Cuando el AIEM se aplica por encima del volumen autorizado, eleva artificialmente los costes de la industria sin que exista una compensación legal adecuada. El resultado es un encarecimiento encubierto del destino, que repercute en el gasto medio por turista y afecta la competitividad frente a enclaves emergentes como Marruecos, Egipto o Cabo Verde.
En términos estrictamente matemáticos, por cada 10 millones de euros recaudados por encima del tope autorizado, se genera un diferencial de precios que distorsiona las reglas del mercado. Es un multiplicador regresivo: eleva los costes para el sector que más empleo genera —el turismo—, reduce el margen para renovar establecimientos obsoletos y encarece el servicio final que recibe el visitante. Además, los hoteles que operan bajo fórmulas de contratación internacional a medio plazo, como el "all inclusive", sufren un deterioro de su margen sin poder repercutir el alza en los contratos ya firmados. El impacto no es solo económico, sino también reputacional.
A nivel jurídico, si la Comisión constata el incumplimiento de la ficha financiera del AIEM, podría iniciar un procedimiento de infracción contra España (art. 258 TFUE). De forma paralela, abriría una investigación de ayuda de Estado ilegal, pues se presume que la recaudación excesiva ha generado un beneficio selectivo a determinados operadores en perjuicio de otros. Cualquier operador económico, ya sea una cadena hotelera, un importador o una patronal sectorial, tiene además legitimación para denunciar el caso directamente ante la Dirección General de Competencia en Bruselas. En ambos escenarios, la exigencia de devolución del exceso recaudado tendría efectos inmediatos y retroactivos, y sembraría una incertidumbre fiscal devastadora en la industria turística.
Las consecuencias no serían solo macroeconómicas. Un expediente europeo podría arrastrar la imagen del destino Gran Canaria como territorio inseguro fiscalmente para el inversor extranjero. Ya existen dudas entre cadenas nórdicas y fondos europeos que operan en el sur de la isla sobre el marco regulatorio del AIEM, al no tener homologación en ningún otro territorio ultraperiférico del continente. Si a esto se suma un incumplimiento cuantificado y documentado por la propia Comisión, se crearía un precedente que erosionaría la seguridad jurídica del REF canario y el atractivo inversor del turismo insular.
El Gobierno de España, consciente del riesgo, podría intentar ahora justificar a posteriori la desviación recaudatoria del AIEM como un fenómeno coyuntural vinculado a la inflación importada o a alteraciones en los flujos marítimos. Sin embargo, sin notificación previa ni modificación oficial del marco aprobado, ese argumento podría ser desestimado en sede europea. Y el daño reputacional ya estaría hecho. En definitiva, el turismo del sur de Gran Canaria podría convertirse en la víctima colateral de un error técnico-político en la gestión de un instrumento fiscal ultraperiférico. La protección de la producción local no puede realizarse a costa de distorsionar el sector más internacionalizado del archipiélago. Si Bruselas reacciona, el impacto podría ser severo y sostenido. Y ya no se trataría solo de ajustar cifras: se trataría de defender el futuro competitivo de uno de los principales destinos turísticos de Europa.
