El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha sacado a licitación el contrato de suministro eléctrico para todos sus edificios municipales por un valor estimado de 12,4 millones de euros, impuestos incluidos, en el caso de ejecutarse los cuatro años previstos (dos años iniciales más dos de prórroga) y no premia el uso de renovables. El expediente, publicado recientemente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, es el mayor en materia energética de la administración local sureña, con un impacto directo en colegios, instalaciones deportivas, centros culturales y edificios administrativos.
En un municipio como San Bartolomé de Tirajana, que cada año recibe millones de turistas y aspira a convertirse en destino neutro en emisiones, este tipo de decisiones contractuales pueden marcar la diferencia entre la coherencia institucional o el mero greenwashing discursivo. El contrato de suministro eléctrico a edificios públicos es una oportunidad clave para impulsar una transición energética real. Por ahora, esa oportunidad parece haberse desaprovechado.
El presupuesto base de licitación para los dos primeros años asciende a 2.339.857,89 euros (sin impuestos), a razón de 4.998.289,38 euros con el IGIC incluido. La empresa adjudicataria deberá garantizar el suministro eléctrico en baja y alta tensión en más de un centenar de puntos de consumo repartidos por todo el término municipal. Según se detalla en el pliego de prescripciones técnicas, el adjudicatario será responsable de aportar toda la energía necesaria para cubrir la demanda total, en condiciones de calidad y continuidad de servicio.
Sin embargo, a pesar del volumen del contrato y de los compromisos institucionales en materia de sostenibilidad, el expediente no otorga un peso específico ni diferenciado a las energías renovables en los criterios de adjudicación. El 75% de la puntuación total depende exclusivamente del precio ofertado, mientras que el 25% restante está vinculado a la valoración subjetiva de una memoria técnica donde, si bien podría mencionarse el uso de energía verde, no se exige ni se premia de forma explícita. Esta ausencia contrasta con las prácticas crecientes en otras administraciones que, ante la emergencia climática, incorporan como criterio obligatorio o bonificado el origen renovable de la energía suministrada.
Para el principal contrato de electricidad del municipio turístico más relevante de Canarias, la sostenibilidad energética queda, por tanto, supeditada a la voluntad del licitador y a la discrecionalidad del órgano de evaluación técnica. En otras palabras, una empresa podría ganar el contrato aunque no garantice que la energía que suministra proceda de fuentes limpias o de bajo impacto ambiental.
El expediente sí establece que la energía suministrada debe cumplir con los niveles de tensión, frecuencia y continuidad exigidos por la normativa vigente, pero no exige el etiquetado de garantía de origen (GdO) ni una proporción mínima de energía verde. El texto alude a la posibilidad de valorar “la idoneidad de la propuesta en relación con el marco estratégico, técnico y regulatorio en materia de suministro eléctrico”, pero sin desarrollar indicadores ni objetivos vinculantes.
