CBRE, la multinacional del ladrillo con traje de seda, ha lanzado sobre el sur de Gran Canaria una ambiciosa subasta pública que suma cuatro hoteles, una treintena de locales comerciales y solares en zonas de oro turístico como Maspalomas y Arguineguín. Precio de salida: 75 millones de euros. Pero el pastel viene con sorpresa: parte de esos activos están sentados sobre una bomba de relojería judicial que lleva más de tres décadas sin desactivar.

Detrás del escaparate reluciente —hoteles como el Livvo (la gestora de Grupo Martinón) Lago Taurito, Valle Taurito o Costa Taurito— se esconde un viejo litigio que amenaza con aguar la fiesta a más de un inversor despistado. Porque algunos de esos activos se levantan sobre suelo cuya propiedad legítima fue reconocida en sentencia firme por el Tribunal Supremo en 2005, a favor de los liquidadores de Proivesa, una empresa arruinada allá por los años noventa. Los demandantes han pedido al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas que frene en seco la subasta hasta que se aclare quién manda realmente en esas fincas. Y de no hacerlo, el proceso puede quedar empantanado durante años.

La historia huele a libro negro de la España autonómica: en 1991, el empresario Santana Cazorla, entonces con un 25% de Proivesa, aprovechó el naufragio de la compañía para ‘comprarse a sí mismo’ una parcela de 180.000 metros cuadrados por 200 millones de pesetas. Se dice pronto. Segregó la finca, le cambió los números en el registro y colocó en esas nuevas parcelas dos de los hoteles que hoy CBRE quiere subastar como si nada. La trampa fue detectada por los síndicos del concurso, que llevaron el caso a los tribunales. Ganaron en 1997. El Supremo confirmó en 2005. Y sin embargo, aquí estamos, casi 20 años después, con esos mismos terrenos formando parte de una operación multimillonaria, como si nadie recordara nada.

El paquete sale ahora al mercado dentro del proceso concursal de Mar Abierto S.L., otra pieza del ajedrez empresarial del grupo Santana Cazorla. CBRE actúa bajo el paraguas de la administración concursal Lener, que bendice la operación con el argumentario habitual: “oportunidad única de inversión”, “activos operativos”, “rentabilidad garantizada”. El jefe de hoteles de la firma en Iberia, Jorge Ruiz, pone el lazo al pastel para los fondos oportunistas que rondan por Europa: aquí hay ocupación alta, buen clima, y turoperadores encantados de seguir llenando camas.

Pero la realidad jurídica amenaza con pinchar la burbuja. Las fincas en disputa, con medidas cautelares desde 2022, siguen siendo objeto de un proceso abierto. Y si el juez decide parar la subasta, el lío podría crecer como bola de nieve: recursos cruzados, impugnaciones, inseguridad registral y una nueva lección de cómo en España el pasado no prescriben tan fácilmente como algunos creen.

Mientras tanto, CBRE aprieta el paso para cerrar la operación antes de que estalle el conflicto. La subasta agrupa los hoteles, los locales comerciales en Taurito, los solares turísticos y, como guinda, el Hotel Las Tirajanas, en el interior de la isla. Un conjunto de activos apetitosos, sí, pero con el sabor amargo de un contencioso que huele a pucherazo empresarial con décadas de antigüedad. Lo que está en juego no es solo una subasta. Es la credibilidad del sistema. Porque si después de 30 años de pleitos firmes aún se pueden vender esos activos como si nada, la pregunta es inevitable: "¿para quién funciona realmente la justicia en este país?", se preguntan las víctimas y que este mes de mayo han pedido el amparo de un juez de lo Mercantil de Las Palmas.