Que el AIEM está tocado no es una exageración: es literal. La Comisión Europea ha sacado la lupa. Y no porque no conozca esta vieja excentricidad tributaria canaria, sino porque España, ni corta ni perezosa, olvidó pasarle el reporte cuando la recaudación se disparó por encima de los 150 millones anuales, que es lo que dice la ficha financiera que lo autorizó. Bruselas no es tonta: huele a ayuda de Estado tóxica, y encima en un contexto en el que se nos llena la boca con lo de “competitividad turística” mientras en Maspalomas cuesta más traer un yogur desde Cádiz que desde Corea a Oslo. Ya el arancel que había en Córcega fue desactivado porque la CE lo vio incongruente.

El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, más conocido como AIEM, es uno de esos inventos fiscales de los que solo Canarias conserva el privilegio. Un arancel con nombre de impuesto que castiga al que viene de fuera, ya sea de Alicante o de Bremen, en defensa de la industria local. Una industria que, ojo, cada vez más está en manos de fondos foráneos que, paradójicamente, aprovechan la barrera para vender más caro aquí lo que fabrican allá. Este tributo nació bendecido por Bruselas allá por 2001, con base en el Protocolo nº 2 del Acta de Adhesión, y se fue renovando con cariño institucional, como quien cuida un bonsái legal. Su último empujón vino con la Decisión (UE) 2020/1791, que lo mantiene vivo hasta 2027… salvo que antes de 2025 no se justifique su existencia con estudios, oraciones y milagros. Y ahí estamos: con la prórroga corriendo y Europa preguntando si este invento sigue teniendo sentido.

En las islas Canarias, el AIEM sigue pesando como una losa sobre productos esenciales que no se fabrican aquí, afectando directamente a sectores clave, sobre todo el turismo. No hablamos solo de componentes industriales o electrodomésticos, sino también de productos tan sensibles como el jamón serrano, pieza básica en la gastronomía que se ofrece en bares y restaurantes, y que, aunque forma parte de la identidad española, llega encarecido por este impuesto. El jamón serrano, importado de la Península porque en las islas no se madura, soporta un tipo del AIEM que puede llegar hasta el 15 %, lo que no solo encarece su precio final, sino que penaliza la competitividad de la restauración canaria, un pilar fundamental para el turismo en zonas emblemáticas como Maspalomas o Playa del Inglés. Para el visitante, es un golpe que se traduce en precios más altos o en ofertas más limitadas en uno de sus mercados más vitales, el turismo, donde la relación calidad-precio es clave. Y todo ello en un momento en que la Unión Europea, con su discurso sobre el mercado único y la neutralidad fiscal, presiona para eliminar estas barreras que, a ojos de Bruselas, distorsionan la competencia y el libre comercio entre territorios.

Los tipos varían del 5 % al 15 %, con excepciones que llegan al 25 %. Suena razonable si uno imagina a una pequeña fábrica de gofio compitiendo con molinos alemanes. El problema es que algunos de esos productos gravados no son precisamente de supervivencia estructural. Jugos, leche en polvo, artículos plásticos... hasta productos que no se fabrican aquí y, sin embargo, pagan peaje por entrar. En 2022, la recaudación rondó los 170 millones de euros. Un pastizal, sí. Pero con trampa: buena parte lo paga el consumo turístico y lo sufren negocios como el de la restauración en el sur grancanario, donde los costes logísticos ya son una ruina y el diferencial fiscal apenas compensa.

¿Y en Europa? En Córcega existía algo parecido: el droit de mer, que gravaba productos llegados del continente francés. Desapareció en los años 90 cuando París decidió que armonizar y compensar era más sensato que trabar el mercado interior. Lo cambiaron por ayudas estructurales. Más limpio, más transparente.En los Departamentos de Ultramar franceses —Guadalupe, Martinica, Reunión y compañía— todavía existe el Octroi de mer, pero cada cinco años se revisa producto a producto, con lupa. Su recaudación total ronda los 400 millones al año, pero la Comisión exige justificaciones técnicas y criterios objetivos para mantenerlo. En Azores y Madeira, no hay AIEM: tienen IVA reducido y punto. Lo mismo en Åland (Finlandia), que ni se plantea meter aduanas internas. Canarias, mientras tanto, se aferra al AIEM como si fuera una seña de identidad.

Bruselas, especialmente desde la DG de Competencia, no ve el AIEM con buenos ojos pero las presiones de España sujeta a pactos políticos regionales han tenido más fuerza que la lógica. Ya en 2014, el Parlamento Europeo lanzó una advertencia: falta de transparencia, monopolios encubiertos y decisiones políticas disfrazadas de criterios técnicos. Y lo dijo con todas las letras. La preocupación es que el AIEM se convierta en una forma de ayuda estatal selectiva, contraria al artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Porque esto no va solo de legalidad —que lo es, mientras haya autorización del Consejo—, sino de legitimidad y viabilidad en un mercado que se encamina hacia la fiscalidad neutra y la libertad real de circulación de mercancías. ¿Tiene sentido que un hotel en Meloneras pague más por traer fruta, yogur o vino de la Península que uno en Niza que lo trae de Polonia? El AIEM, en definitiva, es una figura en retirada, o al menos en revisión profunda. La pregunta ya no es si protege la industria local —eso está claro—, sino si el precio que pagamos por ello, en forma de sobrecostes, pérdida de competitividad turística y sospechas en Bruselas, sigue mereciendo la pena. A este paso, el AIEM se puede convertir en la última muralla medieval de un mercado moderno. Y Maspalomas, en su víctima más visible.