La apertura del transporte discrecional de viajeros en Gran Canaria reaviva una guerra soterrada por el control de uno de los negocios más jugosos del sur turístico de la isla. En juego están millones de euros en traslados de turistas, líneas escolares y servicios corporativos. Salcai, el histórico operador local, se prepara para un asalto frontal por parte del gigante ALSA, mientras el partido emergente Primero Canarias (Prica) se enfrenta a su primera prueba de fuego institucional… sin red de seguridad y con elecciones a la vuelta de la esquina.

Porque el melón estaba cerrado con cinta americana, bajo siete llaves, protegido por pactos tácitos, zonas de confort político y una red clientelar de décadas tejida en torno al negocio del transporte discrecional de viajeros. Pero ahora se ha abierto, y con él, las viejas reglas del juego han saltado por los aires.

ALSA, el mastodonte asturiano con sede en Madrid —controlado por el fondo británico Mobico Group, antiguo National Express— ha puesto el foco en el turismo canario. Su interés por entrar en el negocio del transporte discrecional en el sur de Gran Canaria no es nuevo, pero nunca antes había contado con tantos factores a favor: una apertura regulatoria silenciosa, el desgaste reputacional de los operadores locales y un contexto político volátil donde Prica, el partido nacido del desencanto del centro-derecha canario, intenta pilotar su primer ciclo institucional sin socios sólidos ni red clientelar.

Salcai-Utinsa S.L., nombre formal de Global, ha sido hasta ahora el “señor de los anillos” del transporte insular. Controla la concesión del transporte regular por carretera y buena parte del discrecional, una mina de oro ligada al crecimiento imparable del turismo. El transporte de grupos desde el aeropuerto, traslados a parques acuáticos, excursiones a Maspalomas o Mogán, servicios para hoteles… todo eso pasa —o pasaba— por sus manos.

Pero hay viento de cambio. La jugada del PSOE ha sido clara y quirúrgica: proponen que el Cabildo de Gran Canaria entre en el accionariado de Salcai, una suerte de renacionalización parcial bajo la coartada del interés general, el control de tarifas y la transición ecológica. Una propuesta que busca blindar al operador histórico frente a gigantes como ALSA, pero que también ha encendido las alarmas en el sector privado y entre los defensores de la libre competencia.

La iniciativa cuenta con el respaldo tácito de Nueva Canarias, el apoyo abierto de la UGT y el silencio expectante de Podemos. Pero choca frontalmente con Prica, que en el sur de Gran Canaria intenta conjugar su discurso liberal con el temor a no poder escalar en un feudo clave: el turismo.

Desde 2023, ALSA opera el servicio público de guaguas en Tenerife a través de alianzas. La experiencia ha servido como pista de aterrizaje para su estrategia en Canarias. La empresa ya ha registrado marcas comerciales, licenciado flotas discrecionales en Canarias y ha iniciado contactos con grupos hoteleros del sur de Gran Canaria para ofrecerles contratos directos con buses de última generación, híbridos y eléctricos.

“El transporte discrecional mueve más dinero que el regular. Hay hoteles que pagan más de 700.000 euros al año solo en traslados”, explica un exgerente de una gran cadena en Playa del Inglés. “El que controle ese negocio tiene un poder real en el sur”.

Prica, sin pacto con el PSOE… y sin escudo

En medio de este tablero, Prica se enfrenta a su primera prueba de fuego real. El partido, liderado por un puñado de consejeros insulares y alcaldes desencantados, no ha sellado ningún pacto estable con el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, lo que le deja fuera de las decisiones clave en el área de Transportes siendo el líder de Óptica, Teodoro Sosa, consejero de Transportes del Cabildo de Gran Canaria.

Salcai mira de reojo y si no hay renovación en ciernes en 2027, primer año electoral de Prica, el transporte de viajeros puede saltar por los aires ante movilizaciones en las calles.

Prica deberá atender a la presión electoral y a la presión de empresarios hoteleros y de turismo activo a favor de abrir el mercado empieza a hacerse notar. Varios operadores locales ya denuncian “trato de favor” hacia ALSA en trámites de licencias y autorizaciones, y hay quien sospecha que la liberalización no será tan neutral como se dice.

En juego: el control de un negocio de más de 50 millones

El transporte discrecional en Gran Canaria genera, según estimaciones sectoriales, entre 50 y 70 millones de euros anuales, entre traslados turísticos, escolares y corporativos. El desembarco de ALSA podría, en teoría, reducir precios y modernizar flotas. Pero también podría destruir tejido empresarial local, generar una nueva dependencia del exterior y dejar en manos de fondos británicos una parte estratégica del músculo turístico canario.

El asunto tiene también dimensión europea: la posible entrada del Cabildo en Salcai puede entrar en colisión con el derecho de la UE sobre ayudas de Estado y libertad de establecimiento. Los juristas consultados advierten que, si no se articula como una sociedad mixta con participación abierta y neutral, podría ser impugnado ante Bruselas.

Se avecina tormenta sobre el asfalto del sur grancanario. El Cabildo quiere jugar a empresario. ALSA quiere jugar a conquistador. Y Prica, sin pactos, sin escudo, y con elecciones en el horizonte, debe decidir si será árbitro o peón en la partida más estratégica que ha vivido el transporte insular en 30 años.