El exlíder de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, una de las voces más autorizadas del tejido económico de las islas, ha planteado este lunes en el Parlamento de Canarias un ambicioso giro:Suprimir el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias) y que demandan las empresas del turismo del sur de Gran Canaria. Esto marca un giro relevante en su posición histórica. Durante años, como presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y de la Confederación Canaria de Empresarios, defendió el AIEM como un instrumento válido para proteger a la industria local en un entorno geográficamente fragmentado y con dificultades logísticas evidentes como el canario.
Ha pedido actuar “fuera de la caja” y con valentía para construir un nuevo modelo fiscal que ensanche la clase media y modernice la economía del Archipiélago. A su juicio, un instrumento diseñado originalmente para proteger la industria local, pero que en la práctica –advirtió– encarece la vida de los canarios, penaliza el comercio electrónico y frena la competitividad de sectores clave como el turístico o la distribución. En este sentido, Manrique de Lara señaló con especial preocupación su impacto sobre la importación de materiales para la renovación hotelera en zonas como Maspalomas, epicentro del principal motor económico de Canarias.
Frente al blindaje de estructuras fiscales del pasado, el expresidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria aboga por incentivar nuevas industrias y actividades, con especial atención a la transición hacia una economía digital e inclusiva: la llamada industria 5.0. Para garantizar la viabilidad de la industria canaria sin recurrir al AIEM, propuso alternativas como bonificaciones fiscales directas a las empresas que consuman producto local.
Otra de las claves de su comparecencia fue la defensa de un marco fiscal centrado en las personas y no solo en las empresas. Por ello, pidió una bajada del IRPF y del Impuesto de Sociedades, en especial para colectivos estratégicos como jóvenes menores de 26 años y trabajadores mayores de 52. La medida, explicó, ayudaría a reducir la brecha de renta media entre Canarias y la península y potenciaría la capacidad de consumo de una clase media “estrechísima” y en retroceso.
Para las islas no capitalinas, propuso aplicar un multiplicador reforzado en los incentivos fiscales, reconociendo así su singularidad estructural. También planteó eximir del IGIC a los autónomos hasta un determinado umbral de facturación, como vía directa para formalizar la economía y reducir la actividad sumergida, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema económico canario. La propuesta de Manrique de Lara marca un punto de inflexión en el debate sobre el REF: una llamada a revisar sus fundamentos con una visión integradora, moderna y adaptada a los retos estructurales de las islas. Una hoja de ruta para reactivar la economía desde la base y con una mirada clara hacia el futuro.
