El colectivo Ecologistas en Acción ha instado públicamente al cuerpo de élite de la Guardia Civil, el apreciado Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), sobre la tolerancia administrativa que hay en Gran Canaria por presunto trato de favor hacia el grupo Lopesan, uno de los principales operadores turísticos de Canarias, en el contexto de obras presuntamente ilegales en el litoral sur de Gran Canaria. Nota al lector: esta noticia ha sido corregida la noche del 4 de junio de 2025 por un error de interpretación al ser alertados por la fuente informante.

Según la denuncia remitida a los medios y a la Fiscalía, Lopesan estaría utilizando tierra extraída de un nuevo hotel en construcción junto al ExpoMeloneras para rellenar su antiguo campo de golf en Pasito Blanco, lo que ha provocado, según los ecologistas, la colmatación de los barrancos públicos del Hornillo y Pasito Blanco, además de la construcción de un muro de contención sin autorización en zona de servidumbre costera.

Los ecologistas alertan de que el relleno de barrancos y el cierre del acceso a la playa del Hornillo, presentado por Lopesan como una medida temporal, representa una posible privatización encubierta del litoral, en contravención directa con la Ley de Costas. Además, advierten de los riesgos hidráulicos que implica alterar desagües naturales en plena emergencia climática.

Desde una perspectiva financiera, las operaciones urbanísticas en curso forman parte del polémico desbloqueo de suelo turístico en el ámbito Meloneras 2A, donde se han liberalizado más de 300.000 m² para uso hotelero, habilitando hasta 3.600 nuevas camas turísticas. El modelo ha sido aprobado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y respaldado en 2022 por el Cabildo de Gran Canaria, presidido por Antonio Morales (NC).
 
Lopesan, que gestiona activos por valor de cientos de millones de euros, podría enfrentarse a un riesgo reputacional relevante en entornos institucionales europeos, donde el cumplimiento de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) se ha vuelto central para acceder a financiación, incentivos y licencias. “Este modelo de crecimiento descontrolado contradice el discurso oficial de sostenibilidad territorial y posiciona a Canarias en el foco de la presión ciudadana”, apunta Turcón.

La organización ecologista exige la paralización inmediata de las obras, la restitución del dominio público alterado, la reapertura del acceso al litoral, sanciones ejemplares a la empresa responsable y una investigación independiente sobre la actuación del Seprona en este caso.

Comunicado de Turcón:

"Varias entidades ecologistas han denunciado las Obras sin autorizaciones ni informes preceptivos. Lopesan estaría usando tierra extraída de las obras del nuevo hotel que construye junto al ExpoMeloneras para rellenar un antiguo campo de golf de su propiedad en Pasito Blanco, sepultando en el proceso dos barrancos públicos: el del Hornillo y el de Pasito Blanco. Este relleno se ha hecho sin autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, afectando gravemente a cauces públicos protegidos por ley. Se ha construido un muro de contención (dique) de 8 metros de alto por 45 metros de largo en una zona de servidumbre de protección, también sin informe ni autorización de Costas ni del Consejo Insular de Aguas.

Se ha cerrado el acceso público a la playa del Hornillo, un hecho que representa una infracción grave según la Ley de Costas. Aunque el cierre se presenta como temporal, los colectivos temen que se trate de una privatización encubierta y definitiva del litoral.

Denuncias presentadas

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, por la colmatación y desaparición de cauces públicos.

Demarcación de Costas del Gobierno de Canarias, por el cierre del acceso público a la playa y la construcción del dique.

Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, por la afectación al entorno protegido.

Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, por posibles delitos ambientales.

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, territorio afectado y control de la legalidad urbanística.

Un modelo insostenible

Los colectivos denuncian que este tipo de actuaciones siguen el mismo modus operandi que hace 40 años, donde el interés privado sigue imponiéndose al interés público con la complicidad o inacción de las instituciones.

Critican duramente que, en pleno contexto de emergencia climática, se estén sellando barrancos y taponando desagües naturales, aumentando el riesgo de inundaciones y vulnerando toda lógica de planificación responsable.

Meloneras 2A: el pelotazo urbanístico

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la nueva planificación urbanística desbloqueada en Meloneras 2A, donde se han liberalizado más de 300.000 m² de suelo público para uso turístico.

Aunque se prometieron zonas ajardinadas y mejoras de infraestructuras, la realidad es que ya se están construyendo nuevos hoteles sin ninguna visión de sostenibilidad territorial.

Esta liberalización fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, incluido el partido Nueva Canarias, y avalada en 2022 por el Cabildo de Gran Canaria, presidido por Antonio Morales (NC), con el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio, que permite la creación de más de 129.000 nuevas plazas turísticas.

Es profundamente hipócrita que quienes se presentan como los defensores del modelo de Ecoisla, sean quienes están permitiendo la destrucción sistemática de nuestro territorio.

Además, la nueva ordenación urbanística de Meloneras 2A habilita cinco parcelas para la construcción de hoteles de hasta siete plantas, con una capacidad total de al menos 3.600 camas, lo que refuerza aún más el modelo de crecimiento turístico masivo que se está implantando en la zona".