Hay lugares en Canarias donde el turismo aún no ha devorado la vida de los pueblos. Fataga, ese rincón suspendido entre barrancos y palmeras, parecía uno de ellos. Hasta que lo alcanzó la realidad. No la de los folletos institucionales con sonrisas multiculturales, sino la de una gestión torpe, negligente, cuando no directamente cobarde, de un fenómeno que desborda a las autoridades: los menores extranjeros no acompañados, los famosos MENAS.

Desde hace más de cuatro años, el centro de meditación y alojamiento Ecotara dejó de ser lo que su nombre sugiere —un espacio de retiro y calma— para convertirse en un albergue de menores inmigrantes. La cifra oscila entre  35 y 40  jóvenes en cualquier momento. Lo que parecía una solución temporal se ha convertido en un elemento estructural del pueblo. Pero sin estructura.

Los vecinos llevan tiempo advirtiendo: chicos que deambulan sin control, a cualquier hora, sin supervisión visible. Jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, siguen vagando por el pueblo como almas perdidas, sin rumbo ni futuro. En algunos casos, ocupando edificios abandonados, como la antigua escuela del pueblo, clausurada por falta de niños. El Ayuntamiento, impotente, ha llegado al extremo de soldar puertas y ventanas. Literalmente.

Y esta semana, el suceso que muchos temían: un niño del pueblo agredido, una vecina que interviene por decencia y humanidad, termina con dos dedos rotos tras ser empujada violentamente. ¿Denuncia? No. Miedo. Silencio. Sólo la promesa —tibia y burocrática— de que “la directora del centro pondrá la denuncia”. Como si eso bastara.

Pero lo más grave ocurrió meses antes. Aquel 24 de agosto, cuando el palmeral de Fataga ardió hasta los cimientos. Tres helicópteros, Protección Civil, bomberos, la policía. El fuego alcanzó el Molino de Agua, ese restaurante que vivía de alimentar a quienes buscaban aún autenticidad en el sur de Gran Canaria. Cerró. No soportó las pérdidas. Los vecinos, que llevaban semanas advirtiendo del uso del palmeral como lugar de reunión y fumadero, aportaron pruebas. Y como en tantos otros episodios de esta tragicomedia, no pasó nada.

La pregunta es sencilla: ¿quién responde? ¿Quién da la cara? ¿Dónde está el Cabildo, la Consejería de Derechos Sociales, la Delegación del Gobierno? ¿O es que todo vale mientras los albergues estén lejos de la capital, y el problema se diluya entre barrancos y viejos?

Porque el problema no son los menores. El problema es el abandono. La gestión sin responsabilidad. La cobardía política. Esa que convierte la acogida en una ruina, la integración en una ficción y el hartazgo ciudadano en algo inevitable.

Fataga no es un caso aislado. Es un síntoma. De una Canarias que hace tiempo reventó su capacidad de acogida, y que ahora empieza a mostrar las grietas de un discurso que ya no se sostiene ni con propaganda.