En las estanterías del supermercado, en los almacenes de construcción, e incluso en tiendas de descanso, una misma realidad se impone: en Canarias, todo cuesta más. No solo por la insularidad y los fletes. Un nombre poco conocido por el gran público —el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) que tolera la Comisión Europea— está detrás de muchas de las diferencias de precio entre el Archipiélago y el resto de España. La recaudación ha superado ya los 150 millones de euros que la UE autorizó en la ficha financiera.

La comparativa con Cádiz es clara: un litro de aceite de oliva cuesta en la provincia andaluza entre 8 y 10 euros, mientras en supermercados del sur de Gran Canaria puede superar los 12. Un paquete de jamón serrano loncheado ronda los 3 euros en Cádiz y llega hasta 5,50 en Maspalomas. Incluso productos locales como el plátano alcanzan precios disparatados: 5 euros el kilo en el archipiélago, frente a 2,50 en la península.

Pero el golpe no se queda solo en la cesta de la compra. Los materiales de construcción y equipamiento doméstico también están afectados por el AIEM. Un saco de mortero cola de 25 kg que en Cádiz cuesta 7,90 € puede encontrarse por 9,80 € o más en ferreterías del sur de Gran Canaria. Una lata de pintura blanca plástica de calidad media cuesta 15 € en la península, pero en Canarias puede subir hasta los 20–22 €, con un recargo estimado de entre el 20% y el 30%.

Y si uno quiere amueblar su casa, la diferencia es aún más cruda: colchones, somieres y mobiliario de descanso están gravados con tipos del AIEM que pueden alcanzar el 15%. Un somier básico que en Cádiz se vende por 69 €, en Canarias puede superar fácilmente los 85 o 90 €. Lo mismo con un colchón de gama media: 220 € frente a 270 o más en el archipiélago.

La teoría oficial es que el AIEM protege la industria local frente a productos importados, incentivando el consumo de bienes “hechos en Canarias”. Sin embargo, en muchos sectores —como pinturas, barnices, mobiliario o morteros— la producción local es limitada o inexistente, lo que convierte el arbitrio en un simple recargo sin justificación productiva.

“Es un impuesto pensado para proteger a unos pocos y que pagamos todos”, denuncia un empresario del sector de la ferretería en el sur de Gran Canaria. “No fabricamos pinturas industriales aquí, y aun así nos cobran como si estuviéramos importando lujo”.

El resultado es un archipiélago donde la vida cuesta más y los márgenes para las familias y empresas se estrechan. La falta de competencia real en algunos sectores, la dependencia exterior y la presión fiscal del AIEM configuran una economía donde el consumidor siempre pierde.

Mientras tanto, el debate político sigue siendo tímido. El Gobierno de Canarias defiende el AIEM como parte del Régimen Económico y Fiscal (REF), pero cada vez más voces piden una revisión profunda, especialmente en un momento de inflación sostenida y dificultad de acceso a vivienda o bienes básicos. Porque en Canarias, hasta el somier sale más caro.