En Las Palmas hay decisiones políticas que se disfrazan de tecnocracia, pero son puro bisturí ideológico. No tienen sangre, pero cortan igual. El sur de Gran Canaria —ese motor económico que lleva décadas sosteniendo con su turismo el PIB canario— ha sido, una vez más, dejado atrás. Si ya Mogán fue excluido del reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) por la cara ahora ya casi superado el ecuador de 2025, toca a viviendas oficiales y servicios a personas mayores. Gran Canaria tiene dos velocidades, y el sur viaja cuesta arriba, sin freno ni mapa. Lo que ocurre en Mogán no es casual. Es estructural. Y es hora de que alguien lo diga.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en el último pleno celebrado, destapó la crudeza de un abandono institucional que ya ni se disimula: la vivienda pública no se construye porque no interesa. Y la atención a los mayores, simplemente, no cotiza en el reparto del poder.

La historia ya no sorprende, pero indigna. La licitación para levantar 259 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible ha quedado desierta. Nadie quiere construir en Mogán. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Canarias sigue anclado en un módulo de 1.905 euros por metro cuadrado, una cifra irreal, más propia de una comarca agrícola del interior que de un municipio donde el metro cuadrado compite con zonas prime de Gran Canaria.

La alcaldesa Onalia Bueno —ni de izquierdas ni de derechas, sino de Mogán— ha anunciado una troika para que el Gobierno de Canarias revise al alza el módulo porque de lo contrario es inviable. Y no le falta razón. Cualquier promotor sabe que construir en el sur exige pagar más por todo: suelos escasos, logística encarecida, materiales más caros. Pero desde la capital, en Las Palmas, se legisla como si todos los municipios fueran iguales. El resultado es perverso: el sistema se diseña para que Mogán no pueda construir vivienda, y por tanto, no pueda retener población residente. Una forma elegante de vaciar el territorio.

No se trata solo de cifras: se está configurando un modelo social excluyente, donde el sur se convierte en decorado turístico y poco más. Una suerte de Dubai canario donde los trabajadores —los que limpian, cocinan y sostienen el milagro turístico— tienen que marcharse a vivir a otra parte, expulsados por la falta de vivienda y los alquileres inflados.

La vivienda, sin embargo, no es el único síntoma del castigo. El pleno también abordó otro episodio vergonzoso: el convenio de dependencia está caducado desde diciembre de 2024, y ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo han sido capaces de actualizarlo. Resultado: servicios sociales esenciales para mayores y menores con necesidades especiales están en el aire, pendientes de presupuestos fantasmas y promesas rotas.

¿Qué mensaje se lanza desde las altas esferas de Las Palmas a los vecinos de Mogán? Que no cuentan. Que si quieren envejecer con dignidad, se trasladen al norte. Que si sus hijos necesitan apoyo especial, mejor que lo busquen por su cuenta. Lo que se está ejecutando no es una falta de sensibilidad, es una estrategia de vaciamiento. Una colonización blanda donde solo se tolera al turista y al empresario hotelero. Lo demás, sobra. Mientras el Ayuntamiento vuelve a reformular pliegos y trata de licitar las viviendas antes del final del verano, solo la promoción de 59 VPO de Lopesan —un gigante con músculo propio— avanza entre tanta parálisis. Una excepción que confirma la regla: solo los grandes sobreviven al desdén normativo del poder.