A partir del próximo 1 de julio, el vital mercado del alquiler de corta duración en el sur de Gran Canaria se enfrentará a un cambio normativo trascendental. Entrará en vigor la orden socialista en España que exige un registro único y obligatorio para una gran parte de los alquileres turísticos o de temporada. Esta medida, diseñada para abordar el "complejo escenario" del mercado de la vivienda y combatir el fraude, busca inyectar transparencia y control en un sector de inmensa relevancia económica para localidades como Maspalomas, Playa del Inglés o Meloneras.
La entrada en vigor de este registro único implica obligaciones legales detalladas para los arrendadores en el sur de Gran Canaria. Es fundamental no solo obtener el número de registro, sino también adherirse a los requisitos fiscales específicos, declarando los ingresos y pagando los impuestos correspondientes. Además, las propiedades deben cumplir con todas las regulaciones administrativas locales, que en una zona tan regulada como el sur de la isla, pueden requerir licencias o permisos adicionales. Mantenerse actualizado sobre la normativa local es, por tanto, una tarea constante para los arrendadores.
La nueva normativa establece una exigencia clara: todos los inmuebles destinados al uso turístico o de temporada que se publiciten en plataformas en línea que permitan la formalización de contratos a distancia (es decir, donde la reserva y el pago se realicen íntegramente de forma digital, como Airbnb o Booking.com) deberán contar obligatoriamente con un código de registro. Para los miles de propietarios en el sur de Gran Canaria que dependen de estas plataformas, el mensaje es inequívoco: sin esta identificación a principios de julio, sus alojamientos no podrán continuar operando legalmente.
El incumplimiento de estas nuevas exigencias no es una opción para los propietarios grancanarios. Las consecuencias pueden ser severas, desde multas económicas de cuantías significativas hasta restricciones operativas que limiten la capacidad de alquilar sus propiedades, dañando su reputación en el competitivo mercado turístico. En los casos más graves y de incumplimiento reiterado, los propietarios se arriesgan a la revocación de licencias o permisos esenciales. Para el sur de Gran Canaria, donde el alquiler vacacional es un pilar socioeconómico, comprender y adherirse rigurosamente a esta nueva regulación es crucial para asegurar la legalidad y la continuidad de una actividad que sustenta a miles de familias y negocios.
Es fundamental para los propietarios de la zona sur diferenciar dónde aplica esta norma. Los portales de anuncios clasificados, como Idealista, quedan expresamente excluidos de esta obligación, al igual que las webs personales sin motor de reserva o los canales offline (agencias físicas, publicidad impresa). La definición legal de "plataformas en línea de alquiler de corta duración" se centra específicamente en aquellos portales que facilitan la formalización de contratos y pagos a distancia.
Para facilitar este proceso a los propietarios del sur de Gran Canaria, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado el Registro Único de Arrendamientos. Esta herramienta, concebida para mejorar la supervisión de las autoridades, se complementa con una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que centralizará todos los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos, promoviendo una gestión más eficiente y ágil.
Los propietarios interesados en obtener este número de registro pudieron iniciar sus solicitudes desde el 2 de enero de 2025, y el plazo se extiende hasta el 1 de julio, cuando la normativa despliega sus efectos plenos. La solicitud se realiza a través del Colegio de Registradores, requiriendo documentación como la referencia catastral, la dirección exacta del alojamiento y el tipo de alquiler (vivienda completa o por habitaciones). Una vez validado, el propietario recibirá un número de identificación único que deberá ser visiblemente incluido en las plataformas de contratación a distancia donde se ofrezcan los servicios.
