Una resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado miércoles 11 de junio de 2025 marca un hito fundamental para el futuro energético de Gran Canaria aunque a costa del suelo del Condado de la Vega Grande. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha concedido la autorización administrativa y declaración de utilidad pública a la nueva 'Línea de entrada/salida en Subestación Aldea Blanca a 66 kV'. Este paso, impulsado por Red Eléctrica de España (REE), es vital para consolidar la infraestructura de transporte en el sur de la isla.
El expediente AT24/007, que inició su andadura con la solicitud de REE el 3 de mayo de 2024, busca la reconfiguración de la línea subterránea Barranco de Tirajana-Escobar 1 (66 kV). Esta se dividirá en dos tramos independientes, lo que permitirá una conexión directa y crucial de entrada y salida en la Subestación de Aldea Blanca. El resultado serán dos nuevas líneas subterráneas: 'Escobar - Aldea Blanca 1 (66kV)" y "Barranco de Tirajana - Aldea Blanca 2 (66kV)'.
Esta mejora no es menor. Se trata de una actuación contemplada en el 'Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026', un documento vinculante que subraya el carácter estratégico de la obra para la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico en Canarias. La integración de tramos de cableado existente con nuevas instalaciones, incluyendo cable de última generación, garantizará la operatividad y la capacidad necesaria en una zona clave para el desarrollo de la isla.
El proceso para lograr esta autorización, como suele ocurrir con infraestructuras de esta envergadura, incluyó un periodo de información pública. Durante este, una única alegación conjunta fue presentada por Pedro Fernando del Castillo y Bravo de Laguna, Grupo Inmobiliario Tinojai, y los herederos de D. Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Sus objeciones giraron en torno a la supuesta falta de notificación individualizada, errores en la titularidad registral de una finca, el impacto del proyecto en terrenos con potencial para renovables, la falta de justificación de la utilidad pública y posibles afecciones agrícolas y ambientales. Incluso se mencionó una posible incompatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Red Eléctrica, por su parte, respondió argumentando que el proyecto estaba amparado por la planificación nacional y la legislación vigente, ofreciendo además la posibilidad de un acuerdo de adquisición mutua con los propietarios. A pesar de la persistencia de los alegantes en sus argumentos, el procedimiento siguió su curso. La resolución destaca que el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica emitieron informes favorables. Aunque algunas administraciones, como el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana o la Dirección General de Patrimonio Cultural, no respondieron en plazo, su silencio no impidió el avance del expediente.
Esta declaración de utilidad pública tiene importantes implicaciones legales: conlleva la necesidad de ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, incluyendo la urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres de paso. Ahora, Red Eléctrica dispone de un plazo máximo de 24 meses para presentar la solicitud de puesta en servicio de estas instalaciones. La aprobación de esta línea de alta tensión es un claro indicio del compromiso por mejorar la infraestructura energética de Gran Canaria, vital para su desarrollo y la integración futura de energías limpias.
