En el muelle de Arguineguín, donde las gaviotas sobrevuelan las aguas que lo convirtieron en símbolo del colapso migratorio, se ensayó mucho más que una respuesta humanitaria improvisada. Allí se incubó, entre 2020 y 2021, una política de excepción, una maquinaria de gestión opaca y una red clientelar que hoy, con los audios del asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, como catalizador, comienza a desnudarse. Lo que parecía un caos sobrevenido resultó ser, en buena medida, un experimento deliberado, una suerte de ingeniería social aplicada al sistema migratorio, donde el colapso fue útil: permitió suspender garantías jurídicas, acallar críticas mediáticas con una retórica de emergencia y repartir contratos a dedo, sin transparencia ni control democrático.
El 2020 fue el año en que el muelle de Arguineguín se transformó en un campo de internamiento al aire libre. Hasta 2.600 personas llegaron a hacinarse en condiciones insalubres. Durante semanas, el Gobierno mantuvo en silencio a la opinión pública mientras en Madrid se diseñaban, entre despachos y teléfonos intervenidos, planes de deportación masiva y reparto territorial sin cobertura legal.
Los documentos de la UCO son claros: Koldo García, entonces asesor de Ábalos, ofrecía vuelos de Air Europa para deportar migrantes desde Canarias y despachaba directamente con Ángel Víctor Torres, entonces presidente autonómico, y con el director general de la Policía. Koldo asumía funciones que no le correspondían, coordinando con Salvamento Marítimo, Cruz Roja y hasta diseñando estrategias de comunicación institucional. Mientras, la alcaldesa era tildada por el llamado grupo de opinión sincronizada como una lider local ultra. Onalia Bueno se vio obligada a enviar a las víctimas a Las Palmas dada la situación de hacinamiento.
La frase, pronunciada por Koldo en conversación telefónica con el jefe de la Policía Nacional, es la clave del experimento Arguineguín: convertir una emergencia humanitaria en oportunidad política y empresarial. La aerolínea Air Europa, rescatada por el Estado con 475 millones, operaba como flota para los traslados migratorios, en una fusión informal de intereses públicos y privados sin precedentes en el archipiélago. Mientras tanto, el caos servía a un fin político: justificar la militarización de la frontera canaria y reorientar el relato hacia la “seguridad”. Se hablaba menos de derechos humanos y más de "efecto llamada", de “gente bien vestida con móviles” o de “tráfico disfrazado de pateras”. Era el relato de los audios de Koldo, pero también de la Moncloa.
El concepto de ingeniería social cobra aquí un sentido doble. Por un lado, la manipulación de las condiciones de acogida (colapsarlas deliberadamente, como ocurrió en Arguineguín) permitió activar una respuesta política radical. Por otro lado, la fabricación del consenso social mediante discursos repetidos en medios y declaraciones oficiales convirtió la excepcionalidad en norma. Los migrantes eran invisibles en la Península, pero hipervisibles en Canarias. Se alimentó una percepción de invasión controlada, útil tanto para atemorizar como para desmovilizar. Se usó el colapso para imponer medidas sin debate: contratos a dedo, centros cerrados, desplazamientos encubiertos, militarización del rescate.
La ciudadanía, abrumada por la pandemia y anestesiada por una retórica de “control”, aceptó sin resistencia políticas contrarias a los derechos humanos. En ese contexto, Arguineguín no fue un accidente, sino una herramienta de control social. Cinco años después, el modelo Arguineguín se ha perfeccionado. La llegada masiva a El Hierro en 2023 o el uso de hoteles en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura repite el mismo patrón: colapso, externalización, silencio. Las redes de intereses que entonces empezaron a tejerse han madurado. Hoy están bajo investigación judicial, pero sus efectos sobre el sistema migratorio español siguen activos.
Arguineguín fue el primer peldaño. Aquel laboratorio al aire libre, con menores durmiendo sobre mantas térmicas entre contenedores, no sólo ensayó respuestas logísticas: ensayó un modelo de gobernanza opaca donde el Estado delegó en operadores informales el control de una frontera, mientras moldeaba la opinión pública para que lo aceptara como inevitable. El mar frente al muelle ya no recibe a diario a decenas de cayucos. Pero el legado de Arguineguín sigue anclado en el sistema. En las decisiones a puerta cerrada. En los contratos sin licitación. En los silencios pactados. Y en esa ingeniería social que convirtió el dolor humano en un terreno fértil para el negocio y el poder.
