Las décadas finales del siglo XIX fueron testigos de un flujo migratorio constante desde Canarias hacia el continente americano, un éxodo vital documentado a través de los llamados Consentimientos y Salvoconductos. Estos documentos, en realidad, Comendaticias, eran licencias de embarque imprescindibles para emigrar legalmente. Un estudio pormenorizado de los archivos municipales de Mogán, en Gran Canaria, entre 1851 y 1894, nos ofrece una ventana única a las historias personales detrás de esta gran travesía transoceánica. Las Comendaticias, que comenzaron a aparecer a finales de la década de 1840, requerían el conocimiento e informe favorable de las autoridades gubernativas. Eran solicitadas por los propios interesados, por familiares directos (padres, madres) o incluso por vecinos que se hacían responsables. Las peticiones se dirigían a los alcaldes de los municipios, incluyendo datos personales e identidad de solicitantes y beneficiarios, con indicación de su cédula de identidad, estado civil, edad, profesión, naturaleza y domicilio.

La Habana fue un destino recurrente para los jornaleros solteros que buscaban fortuna. En 1859, figuras como Wenceslao Ponce (18 años), Nicolás López (25 años) y Silvestre González Suárez (29 años, casado pero emigrando solo con permiso de su esposa) solicitaron licencias para esta ciudad cubana. Ese mismo año, Ramón Hernández, de 19 años y jornalero, emigró bajo la solicitud de su padre, Antonio Hernández Carvajal, también con destino a La Habana. Sorprendentemente, Francisco José Suárez Dumpiérrez, un joven de 16 años, figura como propietario en su solicitud de agosto de 1859 hacia La Habana, lo que indica una diversidad socioeconómica entre los emigrantes. Años más tarde, en agosto de 1866, Juan José Ponce Hernández, un hombre casado de 27 años, solicitó su propia licencia para Cuba, un caso que insinúa un posible viaje de ida y vuelta, destacando la persistencia de algunos individuos en su búsqueda de estabilidad.

El registro de Mogán también arroja luz sobre situaciones familiares complejas. En junio de 1873, María de León, una madre soltera, solicitó el salvoconducto para su hija Josefa Antonia de León con destino a Cuba, un testimonio de la emigración femenina y la búsqueda de oportunidades para los hijos. En septiembre de 1885, Manuel Hernández Sosa tramitó la salida de su hijo, Francisco Hernández Betancor, un propietario de 15 años, hacia Cuba. Al año siguiente, en octubre de 1886, Antonio Quesada Quintana hizo lo mismo por su hijo Daniel de los Reyes Quesada Falcón, labrador de 18 años.

La interconexión vecinal también se refleja: José Moreno Lorenzo (pastor) obtuvo su licencia para Cuba en septiembre de 1886 gracias a la solicitud de su vecino y "curador", Pedro Quintana Suárez. Las familias extensas también se movían. María del Pino Navarro solicitó en agosto de 1888 el embarque para sus cinco nietos –María del Pino, María Dolores, Manuel Ciriaco, Francisco María y María del Pilar Cabrera Vargas, de edades comprendidas entre los 21 y los 9 años– todos con destino a Cienfuegos, Cuba, reflejando el éxodo de unidades familiares completas en busca de nuevas oportunidades.

La década de 1880 y principios de 1890 continúan mostrando un patrón de emigración familiar. María Dolores Ramírez Montesdeoca solicitó en septiembre de 1889 la salida para su hijo Mariano Ramírez hacia Cuba. Ese mismo mes, Gregoria Ramírez Montesdeoca gestionó los salvoconductos para sus hijos Manuel Matías y Juan Matías Ramírez, labradores de 17 y 11 años, con destino a Cienfuegos. La viuda María Suárez Cubas envió a su hijo Francisco Suárez Travieso (jornalero, 18 años) a Cuba, y José González Sarmiento hizo lo propio con su hijo Lisandro González Betancor (labrador, 18 años).

En los últimos años del periodo estudiado, se mantienen las tendencias: María Concepción Vargas Ortiz solicitó en octubre de 1889 el pase para su hijo Pedro Navarro Vargas (labrador, 15 años) a Cuba. En 1890, María Dolores Sánchez Valerón y José Sánchez Valerón hicieron lo propio para sus hijos José María Armas Sánchez (jornalero, 17 años) y José Sánchez Segura (pastor, 17 años), respectivamente, hacia Cienfuegos y Cuba. Casos como el de Ramona Suárez Castellano en septiembre de 1892 y octubre de 1894, quien primero envió a su hijo Francisco Sosa Suárez y luego tramitó su propio viaje y el de sus otros hijos, Silverio y Constancia Sosa Castellano, con destino a Cienfuegos, ilustran la persistencia y el reencuentro familiar a lo largo del tiempo. 

Las licencias de embarque, estudiadas por jesús Emiliano Rodríguez Calleja, doctor en  Historia  Moderna de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), conocidas como Comendaticias, emitidas en Mogán entre 1851 y 1894, pintan un vívido cuadro de la emigración grancanaria hacia el continente americano. Estos documentos, que permitían la salida legal de la isla, no solo registran nombres y fechas, sino que revelan un mosaico de familias, profesiones y destinos, trazando las aspiraciones y sacrificios de aquellos que buscaron un futuro mejor al otro lado del Atlántico. El registro más antiguo, fechado el 10 de marzo de 1851, nos presenta a Juan José Morales, quien solicitó la licencia para sí mismo, su esposa (de la que se ignora el nombre en este extracto), y un hijo e hija, dirigiéndose a "La América". Años después, en agosto de 1859, una notable concentración de ocho salvoconductos revela un patrón de salidas familiares y posiblemente coordinadas hacia La Habana. Entre ellos, Francisco Ponce, quien emigró con su esposa y un hijo; José Castellano Vega, que partió con su hijo; y José Matías Ponce, quien también lo hizo acompañado de su esposa e hija. Estos casos iniciales sugieren una emigración organizada o en grupo, donde la unidad familiar era prioritaria.

El análisis de estos nombres y apellidos, sus edades, profesiones y relaciones familiares, pintan un retrato íntimo de la comunidad de Mogán y su profunda conexión con la gran oleada migratoria que transformó Canarias y el Caribe en el siglo XIX. Los Salvoconductos de este periodo son los documentos más antiguos y protocolarios encontrados en Mogán. Eran extensos, incluyendo juramentos e información de testigos que debían certificar el buen comportamiento de los solicitantes, la ausencia de deudas públicas, no estar sujetos al servicio militar y no tener compromisos que perjudicasen a terceros, todo ello con la finalidad declarada de "mejorar fortuna". Los Salvoconductos de este periodo son los documentos más antiguos y protocolarios encontrados en Mogán. Eran extensos, incluyendo juramentos e información de testigos que debían certificar el buen comportamiento de los solicitantes, la ausencia de deudas públicas, no estar sujetos al servicio militar y no tener compromisos que perjudicasen a terceros, todo ello con la finalidad declarada de "mejorar fortuna".