El sur de Gran Canaria, epicentro turístico de la isla, se prepara para un cambio judicial significativo. A partir del próximo 1 de octubre, el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana se convertirá oficialmente en un Tribunal de Instancia, marcando la fase 2 de la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este movimiento busca modernizar y agilizar el sistema judicial en una de las zonas con mayor dinamismo demográfico y de actividad económica del archipiélago.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, bajo la dirección de Nieves Lady Barreto, ha estado al frente de este proceso. Recientemente, la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia se reunió en Santa Cruz de Tenerife para consensuar los nuevos modelos de oficina judicial que se implementarán. El partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, junto con Telde en Gran Canaria, y La Laguna y Arona en Tenerife, ha sido seleccionado para esta transformación. Dada su población, el volumen de asuntos y el número de ejecuciones, los datos extraídos del sistema de gestión procesal Atlante y las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han llevado a proponer para San Bartolomé de Tirajana el modelo C1 de oficina judicial.

Este modelo C1 está diseñado para abordar la complejidad y el volumen de trabajo de la zona, contando con una estructura robusta que incluye: Un Servicio Común de Tramitación (SCT), un Servicio Común General (SCG), un Servicio Común de Ejecución (SCEJ). Para ello, se dotará a este tribunal de un equipo integrado por un número determinado de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), gestores, tramitadores y auxilios judiciales, garantizando una atención especializada y diversificada para sus servicios.

Además de la estructura principal, el nuevo Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana contará con servicios transversales esenciales para una gestión judicial eficiente. Estos incluyen la coordinación con la oficina fiscal, la oficina de justicia municipal, los equipos de medios adecuados de solución de controversias provinciales, los centros penitenciarios y el Registro Civil. En paralelo a la creación de los tribunales de instancia, once juzgados de paz en Canarias pasarán a convertirse en Oficinas de Justicia Municipal, adoptando el modelo A. Aunque el texto no especifica cuáles de estos 11 corresponden a Gran Canaria, estos nuevos puntos de atención judicial contarán con gestores procesales y auxilios judiciales, y en función de su población, también con tramitadores, acercando la justicia a los ciudadanos en el ámbito local.

La implementación de estos nuevos modelos a partir del 1 de octubre representa un paso crucial para la modernización del sistema judicial canario, buscando una mayor eficiencia y agilidad en la administración de justicia para el beneficio de los ciudadanos y la actividad económica del sur de Gran Canaria.