La efectividad y transparencia de la ecotasa se ha puesto en entredicho una vez más, esta vez con una contundente advertencia desde el sector hotelero canario. El propietario del antiguo Hotel Tamarindos de San Agustín, en Gran Canaria, ha denunciado lo que califica como un "gran engaño", sumándose a las críticas de figuras como Gabriel Escarrer, presidente de Sol Meliá, quien ha cargado públicamente contra la gestión de estos ingresos. La controversia se intensifica a raíz de un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas de les Illes Balears que parece confirmar las peores sospechas sobre el destino de millones de euros recaudados.
Los números revelan una gestión que, cuanto menos, genera dudas. Desde su creación en 2017 por el Gobierno de Francina Armengol, el "impuesto de turismo sostenible" ha acumulado cerca de 700 millones de euros hasta 2023. De esta abultada cifra, y excluyendo los 218 millones destinados a cubrir necesidades durante la pandemia entre 2020 y 2022, la Sindicatura de Cuentas ha desvelado que, de los 480 millones restantes, solo se han ejecutado proyectos por un valor de 59 millones de euros. Esto representa apenas un 12,3% de lo recaudado y no desviado a la emergencia sanitaria.
El informe del organismo fiscalizador balear no solo expone esta escasa ejecución, sino que también alerta sobre "graves problemas y fallos en la gestión del impuesto", impidiendo incluso verificar si los importes informados se han invertido de la forma y cuantía prometidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta situación plantea serias preguntas: ¿A qué se ha destinado el dinero que los hoteleros, bajo riesgo de sanción, han cobrado rigurosamente a sus clientes, justificando que se emplearía en la mejora ambiental de las islas? La inquietud del sector se centra en si se les ha hecho "partícipes involuntarios de un engaño".
Desde la perspectiva del empresario hotelero, la ecotasa no ha demostrado ser una medida eficaz para disuadir la demanda, especialmente en temporada alta. Además, y lo que es más preocupante para la industria, no ha cumplido su objetivo de ser un impuesto "finalista", es decir, no se ha podido acreditar que el dinero se invierta directamente en la mejora de la calidad y la sostenibilidad del modelo turístico o económico. En cambio, según su visión, el impuesto solo ha logrado dos efectos negativos: restar competitividad al encarecer el producto turístico balear frente a otros destinos sin cargas similares, y detraer dinero del bolsillo de los turistas que, de otra forma, habrían podido gastarlo en el comercio, la cultura o el ocio local, generando un mayor impacto multiplicador en la economía.
Hasta ahora, la crítica a la ecotasa ha sido "políticamente incorrecta". Sin embargo, la mala gestión denunciada por la Sindicatura de Cuentas abre un espacio para una "reflexión honesta". El sector exige que, si el impuesto se mantiene, la gestión pase de la ineficacia actual a ser "pulcra, transparente, eficaz e impecable", garantizando que los fondos se destinen realmente a los fines para los que fueron concebidos.
