CC y PP no se enteran. La oposición anima a buscar el dolor ajeno generando turismofobia contra el sur de Gran Canaria a costa del suicidio del destino porque quieren frenar la sangría de votos de Podemos. Por eso se genera la percepción de que la sociedad vive peor con el turismo. Quieren crear un caballo de Troya para seguir generando ingresos como activistas porque saben que en proyecciones de votos están hundidos.

Y es que el turista ya no es solo una fuente de ingresos. En Maspalomas, el corazón turístico del Atlántico, se ha convertido en el villano de una historia cuidadosamente escrita. A pie de calle, en redes sociales y en asambleas, crece una narrativa donde el turista devora el agua, expulsa al vecino y destruye la identidad. Pero lo más revelador no es el ruido, sino el silencio: nadie apunta al PSOE, pese a que ha sido uno de los grandes arquitectos del modelo turístico durante las últimas décadas.

En abril, las movilizaciones contra el “turismo sin control” lograron movilizar las calles de Las Palmas, Arrecife y también las playas del sur fue el punto de inflexión. Allí, entre pancartas y esterillas, no se cuestionaban leyes ni decretos ni planes urbanísticos, sino a los empresarios, touroperadores y plataformas de alquiler vacacional. El objetivo era claro: el turista y el que vive de él. Pero no quien gestionó el modelo durante décadas desde las instituciones.

San Bartolomé de Tirajana y Mogán, los dos gigantes turísticos de Gran Canaria, generan el 42% del PIB insular y más del 65% de las pernoctaciones hoteleras. En 2023, Gran Canaria recibió 4,5 millones de turistas, de los cuales más de 3 millones eligieron el sur.

El gasto turístico total superó los 5.700 millones de euros en la isla, con un gasto medio por turista/día de 160 €, el más alto desde 2017 (ISTAC). El sector emplea directamente al 32% de la población activa en el sur, y de forma indirecta a otro 20% más, según datos de Exceltur.

En San Bartolomé de Tirajana, el alquiler medio ya supera los 11,5 €/m², según Idealista. Y en Mogán, zonas como Puerto Rico y Playa de Mogán superan los 13 €/m², con rentas que alcanzan los 1.200 €/mes por apartamentos de dos habitaciones. Es en ese caldo de cultivo donde florecen las protestas.

Las movilizaciones se presentan como espontáneas, pero los patrones se repiten. Los promotores son redes conocidas: antiguas plataformas del 15M, colectivos de vivienda ligados a Stop Desahucios, asociaciones culturales subvencionadas, exmilitantes de Podemos reconvertidos en activistas... y un PSOE que observa desde la grada sin que nadie lo nombre.

A pesar de haber gobernado los principales ayuntamientos turísticos, cabildos y consejerías de Turismo durante años, el PSOE logra quedar fuera del foco de las críticas. Lo consigue en parte porque financia, directa o indirectamente, a muchos de los actores que lideran las protestas. A través de proyectos sociales, programas europeos, planes de igualdad, sostenibilidad o participación ciudadana, llegan subvenciones públicas que luego se traducen en logística, campañas y movilización.

¿Ejemplos? Sólo en 2023, el Cabildo de Gran Canaria destinó más de 2,1 millones de euros a asociaciones vinculadas con “acción comunitaria”, “cohesión social” o “juventud crítica”. Varias de ellas aparecen como promotoras o colaboradoras de las marchas por la vivienda y contra el turismo.

El PSOE: gran ausente, gran beneficiado

La estrategia es eficaz: dejar que el enfado crezca, que la calle hable, que la presión suba. Y luego, presentarse como mediador entre la ciudadanía y el poder económico. Una jugada conocida. Ya la aplicó Podemos en 2014. Hoy, la misma mecánica vuelve a engrasarse en el sur de Gran Canaria.

Quien paga el precio es el sector turístico, que se siente perseguido y deslegitimado, mientras financia —vía impuestos— una administración que tolera discursos que amenazan su supervivencia. El resultado es paradójico: el modelo que sostiene el empleo, la recaudación y el desarrollo local se convierte en chivo expiatorio... mientras quienes lo diseñaron se borran del relato.

El turismo no es perfecto. Requiere regulación, redistribución, inversión en vivienda pública y sostenibilidad real. Pero sin él, Maspalomas no tendría ni agua desalada ni red de saneamiento ni empleo para 30.000 personas.

Lo que está en juego en el sur de Gran Canaria no es solo un modelo económico, sino un relato de poder. Y mientras el PSOE siga manejando los hilos del guion sin aparecer en escena, la narrativa seguirá señalando a turistas y empresarios... y no a los verdaderos responsables políticos del caos habitacional que se quiere hacer pasar por lucha social.