En el laberinto de números y referencias del Boletín Oficial del Estado, ese diario de cabecera para quienes buscan la verdad incómoda detrás de la gestión pública, ha aparecido este miércoles un anuncio que, para el ojo inexperto, pasaría por una simple formalidad administrativa. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias concede la autorización administrativa y declaración de utilidad pública a Red Eléctrica de España (REE) para un proyecto: la "Ampliación subestación San Agustín 66 kV y modificación de la línea 66 kV Barranco de Tirajana – San Agustín" en San Bartolomé de Tirajana.
Detrás de la jerga técnica y los artículos de ley, se esconde mucho más que una mera obra. Se oculta la mano de un monopolio, o casi, que teje la red invisible que alimenta nuestras vidas y, a la vez, decide el futuro energético de un territorio. Y en el caso del sur de la isla, la dependencia es casi total. El expediente, AT24/010, visado el 27 de mayo de 2024, avanza con la discreción que solo las grandes operaciones pueden permitirse. ¿El objeto? Ampliar una subestación, soterrar un tramo de línea. Cosas técnicas, sí. Pero la clave está en el fondo del asunto: la declaración de utilidad pública y, aún más, la declaración de interés general.
Red Eléctrica, esa entidad que maneja los hilos del sistema, solicitó la urgencia. Y el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica a la cabeza, no dudó. El 5 de marzo de 2025, la Orden número 75/2025 declaraba el "interés general" de las instalaciones. ¿Interés general de quién? Sin duda, el de garantizar el suministro, el de incrementar la "seguridad". Pero detrás de ese manto de "bien común", se esconde una realidad de poder concentrado y de decisiones tomadas en despachos, donde el contrapeso, la crítica y la participación ciudadana, brillan por su ausencia.
El proceso, sobre el papel, es intachable. Información pública, treinta días para alegar. Publicado en BOE, BOC, BOP, Canarias 7, tablón de anuncios de San Bartolomé de Tirajana. Una danza burocrática perfecta. ¿El resultado? "Sin que se hayan realizado alegaciones". ¿Es que nadie en el sur de Gran Canaria, o en el Cabildo, o en el Ministerio para la Transición Ecológica, tenía nada que decir? ¿O es que el engranaje es tan complejo, la jerga tan densa, y la sensación de impotencia tan arraigada que el ciudadano de a pie se rinde antes de empezar? Los informes, eso sí, llegan puntuales: el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da su "conformidad urbanística" sin "incrementos en la edificación", el Cabildo Insular de Gran Canaria asegura que todo es "conforme al planeamiento territorial". Incluso el Ministerio da su visto bueno. Nadie pone objeciones a la marcha imparable del gran gestor del sistema eléctrico.
La única nota discordante, y apenas una anécdota en este concierto de "síes", es la ausencia de respuesta de "Edistribución Redes Digitales, Sociedad Limitada". Un silencio que, en este contexto, es casi un grito. Pero, claro, el procedimiento continúa sin su voz. La maquinaria no se detiene por minucias. Y aquí es donde el poder se vuelve tangible, donde el "interés general" pisa la propiedad privada. La declaración de utilidad pública no es un adorno. Lleva implícita la "necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados" y la "urgente ocupación" a efectos de expropiación forzosa.
En el Anexo, se detalla. Una parcela de 1.560 m², propiedad de E-Distribución Redes Digitales (¡curiosa coincidencia, o no!), con una servidumbre permanente subterránea de 72 m² y una ocupación temporal de 325 m². Un trozo de terreno industrial en San Bartolomé de Tirajana que pasará a estar al servicio de la gran red. La justificación de REE es simple: "se encuentra en trámite la resolución de declaración de utilidad pública o, en su caso, se intentará alcanzar un acuerdo con los propietarios". Un "acuerdo" que, con la ley en la mano y el "interés general" por bandera, puede ser más una imposición que una negociación.
El texto oficial es una cascada de leyes y decretos: Ley del Sector Eléctrico, Reglamentos de Ejecución, Ley de Procedimiento Administrativo Común. Una maraña jurídica que blinda la decisión y la hace inatacable. Todo está previsto, todo "legalmente" cubierto. La planificación de las infraestructuras de transporte eléctrico es competencia del Estado, con "carácter vinculante". Los Planes Insulares de Ordenación, obligados a contemplar estas reservas de suelo. No hay evaluación de impacto ambiental porque el proyecto, mágicamente, no entra en los supuestos de la ley.
La resolución firmada por Alberto Hernández Suárez, director general de Energía, es un ejemplo prístino de cómo el poder público se pliega ante las necesidades de una corporación vital para el sistema, en nombre de la "seguridad del suministro". Un ballet burocrático donde los intereses del gran capital de la energía dictan la partitura, y los ciudadanos, o bien aplauden desde la ignorancia, o asisten, resignados, a la imposición de lo que se decide "por nuestro bien". Así se tejen los hilos de poder que mueven la Gran Canaria que no se ve, la de los voltios y las servidumbres, la que dicta que el progreso no es negociable.
