Canarias exige soluciones urgentes ante la presión que soporta su red de acogida de menores migrantes no acompañados, que ya supera los 5.685 tutelados en el archipiélago, según datos oficiales del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo regional advierte de un colapso en los centros, con 70 infraestructuras activas, 31 más que al inicio de la legislatura.

El Gobierno central y Canarias pactaron activar un plan de traslados a la península, aunque su ejecución no comenzará hasta mediados de agosto o incluso septiembre. El retraso se debe a la tramitación de dos decretos necesarios, al bloqueo político por parte de varias comunidades autónomas y a las vacaciones de verano que afectan la operatividad institucional.

La consejera regional, Candelaria Delgado, ha sido clara: esperar a septiembre es inviable. A pesar de que ya se han incorporado 827 menores a la red estatal de atención humanitaria, la situación en Canarias sigue siendo crítica. El Gobierno autonómico solicita además que los menores sean trasladados bajo custodia policial y con participación de la Fiscalía si se produce rechazo en las comunidades de destino.

El conflicto se agrava por la resistencia de once comunidades gobernadas por el PP, que han recurrido el reparto al Tribunal Constitucional, alegando falta de financiación y vulneración de competencias. Murcia, Castilla y León, Aragón y Madrid son algunas de las regiones que han expresado su oposición frontal al reparto.

En contraste, Cataluña ha confirmado la recepción inicial de una treintena de menores provenientes de Canarias. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se han aprobado 22 millones de euros para apoyar a las comunidades más afectadas, aunque Canarias denuncia que se necesitan al menos 140 millones para cubrir el coste real del sistema.